Fiscal de EEUU denuncia daño generacional por torturas de Maduro

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, James M.

McDonald, confirmó este jueves 8 de octubre la presentación de nuevos cargos por conspiración para la comisión de torturas y narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Durante una declaración ofrecida a las puertas del tribunal federal estadounidense, el funcionario sostuvo que los hechos atribuidos a la pareja causaron un perjuicio de alcance generacional en Venezuela y afectaron a ciudadanos de Estados Unidos.

La comparecencia de la representación fiscal ocurrió tras la decisión del juez de la causa, quien rechazó la solicitud presentada por la defensa de Cilia Flores para esperar el juicio bajo la modalidad de arresto domiciliario.

McDonald aseveró que la fiscalía mantendrá las acciones legales hasta la obtención de justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

El documento de acusación formal, difundido por agencias internacionales de noticias, detalla que Maduro y Flores coordinaron un esquema de represión violenta para la preservación del poder político.

El texto judicial indica que Maduro autorizó la aplicación de métodos de tortura y supervisó una estructura orientada al uso de la detención arbitraria y la violencia contra la oposición.

La actualización del expediente abarca acusaciones por el uso de descargas eléctricas, golpizas, asfixia, privación de alimentos y reclusión en celdas de castigo.

De igual forma, el escrito atribuye a Maduro el uso de tortura psicológica mediante amenazas directas de muerte contra familiares de personas privadas de libertad.

La Fiscalía de Estados Unidos argumenta que miles de ciudadanos sufrieron persecución, agresiones y encarcelamiento por órdenes directas de la cúpula de gobierno.

Con este ajuste en la acusación, los fiscales federales buscan la determinación de responsabilidades penales tanto por el tráfico internacional de drogas como por la violación de convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Los señalamientos vertidos en el tribunal neoyorquino coinciden con las investigaciones de organismos multilaterales.

La Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Venezuela documentó desde el año 2020 la existencia de un plan coordinado desde los niveles más altos del Estado para la ejecución de crímenes de lesa humanidad.

Los informes de la ONU identificaron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como los principales centros de tratos crueles en recintos como Boleíta y El Helicoide.