La tapa del frasco

La semana pasada se popularizó en la opinión pública venezolana la expresión “la tapa del frasco”.

Un video grabado por funcionarios policiales a una ciudadana —identificada posteriormente como Elizabeth Ochoa, abogada y funcionaria pública— mostró un debate en el que ella expresó no temer a ninguna sanción por su comportamiento ilegal, bajo el argumento de tener vínculos con el poder.

Concretamente, la dama en cuestión hacía valimiento público de su relación con el actual ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Más allá de la circunstancia y de la veracidad o no de sus expresiones, la frase lanzada de ser “la tapa del frasco” revela de forma inequívoca la cultura dominante en estos tiempos de autoritarismo: un desprecio absoluto por la legalidad, por la convivencia civilizada y por el valor de la autoridad.

En efecto, las imágenes difundidas ampliamente en las redes sociales muestran a la ciudadana alardeando de ser intocable, a pesar de admitir haber cometido faltas o delitos contra otras personas sin haber sido investigada y, mucho menos, sancionada.

Este incidente revela un comportamiento recurrente en nuestra sociedad.

Un segmento significativo de funcionarios públicos atropella a los ciudadanos, sometiéndolos a vejaciones, extorsiones, privaciones ilegales de libertad, asaltos y ocupación de sus propiedades con total impunidad.

El Estado de derecho se ha destruido de tal forma que estar investido de autoridad, o estar vinculado con un alto jerarca del poder civil o militar, se ha convertido en una patente de corso para cometer todo tipo de tropelías y abusos.

La cultura de la arbitrariedad y de la impunidad es lo que popularmente se conoce como “enchufe” o, más recientemente, como ser “la tapa del frasco”.

Este es uno de los elementos del daño antropológico causado por un régimen autoritario donde la búsqueda del control social y político autoriza el desconocimiento del orden jurídico para infundir temor y garantizar la continuidad del régimen en el ejercicio del poder.

Cuando los jerarcas toleran o autorizan semejantes violaciones a los derechos humanos y a las reglas de la convivencia civilizada, abren la puerta para que ese comportamiento se convierta en una costumbre de todo el funcionariado.

Esta supremacía arbitraria es la que ha permitido el asalto a residencias y bienes de ciudadanos inocentes.

Funcionarios inescrupulosos se antojan de tomar una propiedad ajena y, por la vía de los hechos, hostigan a los propietarios, invaden dichos bienes y criminalizan a sus legítimos dueños.

En otros casos, se crean falsos positivos contra ciudadanos inocentes para luego pasar a la fase de extorsión o a la de ocupación y aprovechamiento de sus bienes.