Primero Justicia exige investigar fondos destinados a recuperar el sistema eléctrico

Primero Justicia (PJ) acudió a la Defensoría del Pueblo para exigir la intervención del organismo ante el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y solicitar una investigación sobre los recursos asignados para su recuperación.

Una representación nacional y regional de la organización consignó el pasado viernes un documento fundamentado en el artículo 281 de la Constitución, que establece entre las atribuciones de la Defensoría velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la protección de los derechos colectivos y difusos.

La comisión estuvo integrada por Milagros Valera, presidenta de PJ Miranda; Oswaldo Siano, presidente de la organización en Caracas; y los coordinadores juveniles Andrés García, de Apure, y Elizabeth Castillo, de Mérida.

Valera afirmó que las fallas en el suministro eléctrico afectan la seguridad ciudadana, la actividad productiva y el acceso a servicios fundamentales como salud, educación y alimentación.

La dirigente también pidió que la Defensoría exhorte al fiscal general de la República a investigar posibles responsabilidades administrativas y legales relacionadas con la gestión del sistema eléctrico. «Ante los millonarios recursos anunciados para la recuperación del SEN que no se traducen en mejoras, se presumen irregularidades administrativas que deben ser auditadas e investigadas de forma urgente», sostuvo.

Denuncian cortes de hasta ocho horas Oswaldo Siano señaló que la crisis eléctrica también afecta a Caracas, donde, según afirmó, se registran fluctuaciones y cortes intermitentes que pueden prolongarse durante varias horas.

Desde las regiones, los dirigentes de PJ reportaron interrupciones más extensas.

Andrés García, representante juvenil de la organización en Apure, aseguró que en ese estado los cortes alcanzan entre seis y ocho horas diarias.

En la parroquia Mantecal, municipio Muñoz, afirmó que los ciudadanos han permanecido más de ocho horas consecutivas sin electricidad. «Esto dejó de ser un simple fallo técnico; se trata de una situación insostenible que exige soluciones de fondo, dignidad y respeto para nuestra gente», dijo García.

En Mérida, Elizabeth Castillo denunció hasta dos interrupciones diarias de cinco a seis horas cada una y reclamó al Estado garantizar un servicio eléctrico continuo y de calidad.

La exigencia de PJ también fue replicada por las estructuras regionales del partido en Yaracuy, Barinas, Guárico, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Lara, Táchira, Mérida, Trujillo, Apure, Aragua, Portuguesa y Zulia. ¿Qué pidió Primero Justicia? El documento consignado ante la Defensoría del Pueblo contempla tres solicitudes principales: Activar los mecanismos constitucionales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico nacional.