¿Cuántos años de vida nos debe la justicia?, por José Luis Sampietro

Una madre espera que se resuelva la pensión alimenticia de su hijo.

Un trabajador aguarda una sentencia para recuperar su empleo.

Una persona investigada necesita saber si podrá defenderse en libertad.

Para los tribunales son expedientes; para sus protagonistas, meses de ingresos perdidos, proyectos suspendidos y noches sin dormir.

La justicia no debería medirse únicamente por las sentencias que produce, sino también por el tiempo que obliga a esperar.

América Latina no tiene un único sistema judicial ni una sola causa para sus demoras.

Hay diferencias de presupuesto, organización, acceso territorial y carga procesal.

Sin embargo, en toda la región una resolución tardía puede reconocer un derecho cuando parte del daño ya resulta irreversible.

La pregunta es cómo acelerar los procedimientos sin debilitar las garantías que hacen legítima una decisión.

Las cifras muestran la dimensión del desafío.

Según el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, el país terminó el 2025 con 75,5 millones de procesos en trámite, tras recibir 40,9 millones de nuevos casos durante ese año.

Aunque el volumen pendiente disminuyó, la tasa de congestión fue del 62,6%.

No se trata de extrapolar esos números al resto de América Latina, pues describen la realidad brasileña y muestran que incluso una mejora estadística puede coexistir con una enorme cantidad de personas esperando.

El problema trasciende la región.