Primero el botín de petróleo y oro… después veremos, por Jesús Elorza

X: @jesuselorza A siete meses de la incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero de 2026 y la posterior captura de Nicolás Maduro, Venezuela no ha entrado en una transición democrática limpia.

Lo que vive el país es una etapa de tensa calma, profunda incertidumbre y una reconfiguración caracterizada por el tutelaje internacional, la fragilidad institucional y una crisis social agravada por desastres naturales recientes.

Lejos de haber restaurado la institucionalidad, la dinámica actual responde a un híbrido de negociaciones pragmáticas y reacomodos de poder entre cúpulas.

El alto mando político del chavismo se mantiene en funciones ejecutivas bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

Ante esto, sectores de la oposición denuncian que no se han restituido las plenas garantías electorales ni se ha concretado una transición abierta; la represión persiste y los presos políticos siguen tras las rejas.

La geopolítica del «botín» El motor principal de esta nueva etapa no ha sido el bienestar social, sino el control de los recursos estratégicos.

Se reactivaron masivamente los envíos de crudo venezolano al mercado estadounidense bajo la supervisión directa de Washington.

El presidente Donald Trump no ha dudado en declarar abiertamente que el petróleo venezolano pertenece a EEUU como un botín de guerra, asumiendo su comercialización y dejando solo migajas para el país.

Un esquema similar opera sobre el Arco Minero, percibido hoy como un enclave de explotación bajo tutela norteamericana.

Aunque los datos reflejan un incremento en la recaudación derivada de la venta de hidrocarburos, en la calle persisten graves dudas sobre el destino real de estos recursos.

Los ingresos no se traducen en mejoras de salarios, pensiones ni jubilaciones para los trabajadores.

Contrario a la narrativa oficial de los tutores externos, la gente no está celebrando.

En las comunidades reina la indignación ante: Salarios, pensiones y jubilaciones de miseria que devoran el poder adquisitivo.

El colapso crónico de los servicios de agua y energía eléctrica.