«Queremos recuperar la dignidad de mi hermano», afirma víctima del 11 de abril de 2002

Luego de 24 años de los sucesos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una audiencia pública sobre las personas fallecidas y heridas durante las manifestaciones del 11 de abril de 2002 y la responsabilidad del Estado venezolano sobre diversas violaciones durante estos hechos.

En la audiencia sobre el caso «Trujillo y otros vs Venezuela» , los jueces escucharon los alegatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las declaraciones de una víctima, una testigo de las manifestaciones y un perito que habló sobre las decisiones del Ejecutivo respecto a la represión de la marcha de ese abril, convocada por gremios laborales y diversos sectores en rechazo al despido público de centenares de trabajadores de la estatal Pdvsa.

Cristina Blanco, representante de la CIDH, hizo la presentación del caso.

Recordó que agentes de la Guardia Nacional usaron «armas letales» en contra de los manifestantes y según la información, hubo coordinación estatal entre las autoridades y miembros de colectivos denominados «Círculos Bolivarianos».

Cerca de El Silencio, indicó la CIDH, la Guardia Nacional disparó contra los manifestantes y se produjeron las muertes de Jhonny Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso.

En ese sitio resultó herido Fernando Joel Sánchez Colmenares.

En Puente Llaguno, los Círculos Bolivarianos mataron a Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo, e hirieron a José Antonio Dávila Uzcátegui, Elías Belmonte Torres, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo.

La CIDH reiteró la responsabilidad internacional de Venezuela en la violación sobre el derecho a la vida y libertades personales de al menos una decena de personas. «Transcurridas más de dos décadas los hechos no han sido plenamente esclarecidos ni se han determinado las responsabilidades correspondientes, lo que evidencia una situación de impunidad que afecta a las víctimas y sus familiares».

Entre otras cosas, la CIDH pidió a la Corte ordenar una reparación integral, una investigación efectiva y garantías de no repetición, incluida la limitación del uso de las Fuerzas Armadas en labores de orden público a situaciones excepcionales.

La representación del Estado venezolano no participó de la audiencia, pese a que la Corte IDH envió la invitación para juramentar a su representado y enviar sus alegatos.

El Foro Penal, representado por los abogados Alfredo Romero, Gonzalo Himiob y Julio Henríquez, participó en los interrogatorios.

Esta ONG fue la que presentó el caso en 2002 ante la propia CIDH.

Justicia por las víctimas del 11 de abril de 2002 Janfri Querales habló en representación de las víctimas.