«Cerrar un ciclo de impunidad»: la petición del Foro Penal en audiencia por el 11 de abril

La organización Foro Penal pidió este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declare la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la masacre del 11 de abril de 2002 y, con esta decisión, «cerrar el ciclo de violencia y de impunidad» en torno a estos hechos.

Tras 24 años de los sucesos, la Corte IDH realizó este miércoles 14 una audiencia pública sobre la responsabilidad del Estado venezolano en diversas violaciones a los derechos humanos por la represión de la marcha de ese abril, convocada por gremios laborales y diversos sectores en rechazo al despido público de centenares de trabajadores de la estatal Pdvsa.

Alfredo Romero y Gonzalo Himiob presentaron los alegatos finales del Foro Penal en representación de un grupo de víctimas, y señalaron que ha habido «impunidad total» sobre estos hechos.

Romero recordó que el 11 de abril de 2002 murieron 19 personas y más de 300 resultaron heridas de bala.

Sostuvo que ese día «marcó el comienzo de una estrategia de utilización de la represión política para controlar el poder político».

Según el abogado, estos hechos no fueron aislados o espontáneos, sino parte de un plan que se definió en una reunión celebrada el 7 de abril de 2002.

Citó los testimonios consignados en el expediente del general de división Manuel Rosendo, entonces jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional (Cufan); del entonces comandante del Ejército, general Efraín Vázquez Velazco; y del capitán Michael O’Brien.

En esa reunión, dijo Romero, se planificó que «en forma activa, agresiva y contundente» se contrarrestaría a los manifestantes que intentaran llegar al palacio presidencial de Miraflores. «Queremos recuperar la dignidad de mi hermano», afirma víctima del 11 de abril de 2002 También citó la declaración del capitán O’Brien, quien afirmó haber escuchado al entonces ministro de Defensa, José Vicente Rangel, llamar por teléfono al alcalde de Caracas, Freddy Bernal, para ordenarle que enviara a los Círculos Bolivarianos contra la manifestación.

Desde entonces, expresó el presidente del Foro Penal, en el país se repitieron los mismos patrones de represión estatal con ayuda de grupos civiles armados, conocidos como colectivos, lo que derivó en la muerte de más de 250 personas en las protestas anti gubernamentales de los años 2004, 2007, 2014 y 2017, así como torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.

Por su parte, el abogado Gonzalo Himiob resaltó que la responsabilidad del Estado debe examinarse desde tres perspectivas: por acción, por omisión y por la violación de garantías y protección judicial.