Luis Ignacio Planas: La vigencia de la Democracia Cristiana en Venezuela

*La Democracia Cristiana es una respuesta ética y social a los grandes problemas del ser humano.* En Venezuela tomó forma en COPEI desde 1946, con una idea clara: *el poder solo se justifica cuando está al servicio del bien común.* Como afirmaba Benedicto XVI en _Caritas in Veritate_, “desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad”.

No nació para ser un partido más.

Inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia y en pensadores como Jacques Maritain, *ofreció una respuesta al autoritarismo y a las ideologías que pisotean a la persona y a la sociedad.* Esa idea no ha envejecido.

En medio del deterioro más profundo que ha vivido el país y de una transición aún incierta y confusa, resulta más necesaria que nunca.

Venezuela atraviesa hoy un vacío de sentido, de valores y de confianza en la política.

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, el país sigue atrapado en una inflación que supera el 500 por ciento anual, sueldos que no alcanzan y servicios públicos en quiebra.

Los terremotos de junio de 2026 dejaron en evidencia una vulnerabilidad extrema.

Casi ocho millones de venezolanos se fueron.

Familias rotas, generaciones separadas y una polarización que sigue destrozando la confianza.

Frente a este panorama, muchas propuestas políticas se quedan en la confrontación o en promesas vacías sin raíz ética. *La Democracia Cristiana debe ofrecer otro camino.* Sus principios siguen siendo una brújula, pero solo sirven si se aplican a los problemas reales del país. *El bien común obliga a pensar en todos, empezando por los más débiles.* La subsidiariedad exige que las decisiones se tomen lo más cerca posible de la gente: familias, gremios, comunidades y gobiernos locales no pueden seguir sofocados por un poder centralizado.

La solidaridad no es un gesto ocasional, sino una responsabilidad permanente.

Y en el centro está la dignidad de cada persona, un valor que está por encima de cualquier poder político o económico.

Estos principios deben traducirse en respuestas concretas.

Ante el drama histórico de la migración y la diáspora, conviene promover una política integral de retorno voluntario, reinserción laboral, homologación de títulos y vinculación productiva.