Partidos políticos esperan que próximos acuerdos del diálogo devuelvan siglas y tarjetas electorales #18Sep

A la par de que se esperan avances en el proceso de designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) , el segundo ciclo de conversaciones en la mesa de diálogo, que comenzó esta semana, es para incorporar los temas sobre las garantías políticas y civiles y la libertad de expresión, de acuerdo con la delegación opositora que encabeza Dinorah Figuera.

Al tratarse de garantías políticas y civiles, los puntos sobre la restitución de los partidos políticos intervenidos judicialmente a sus legítimas autoridades, la eliminación de las inhabilitaciones políticas, el regreso seguro de los exiliados y la derogatoria de leyes que han servido a la represión estatal, entran en las expectativas de los factores políticos que presionan por una transición democrática en Venezuela.

Organizaciones partidistas como Acción Democrática (AD), Copei y hasta el Partido Comunista de Venezuela (PCV) no forman parte de la mesa de conversaciones entre el interinato y la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, pero esperan que, como parte de la restitución de derechos políticos y la creación de condiciones para comicios libres, se acuerde la devolución de las siglas y tarjetas electorales confiscadas por el TSJ.

Otros partidos que no están intervenidos, pero no han sido admitidos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) , como Vente Venezuela y Encuentro Ciudadano, y otros ilegalizados, como REDES de Juan Barreto y la Causa R de Andrés Velásquez, también esperan que se les reconozca el derecho a quedar legalmente constituidos y poder postular candidaturas en futuras votaciones.

“No hay democracia sin partidos políticos. No se puede hablar de una ruta electoral si los partidos intervenidos judicialmente no son devueltos a sus legítimas autoridades. La vía puede ser acuerdo general de la mesa de diálogo de la que no formamos parte, que lleve al TSJ a revisar las decisiones que tomó y resolverlo porque allí se generó la arbitrariedad. En la ruta electoral tampoco pueden haber inhabilitaciones, deben regresar los exiliados y sobre todo, no pueden haber presos políticos”, subrayó el presidente de Copei, Roberto Enríquez, a Efecto Cocuyo.

En 2023, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) se convirtió en la organización política número 13 en ser afectada por una sentencia del TSJ, controlado por el chavismo, que no ha discriminado entre toldas opositoras y la izquierda disidente del Gran Polo Patriótico (GPP). El objetivo, por un lado, fue crear una “oposición a la medida” del gobierno de Nicolás Maduro y, en el caso de los revolucionarios descontentos, «forzarlos» a postular en conjunto con la tolda de gobierno, Psuv, en los diferentes procesos electorales celebrados hasta 2025.

Hay partidos intervenidos desde 2012, como Podemos (apartado del chavismo), pero en 2020, previo a comicios parlamentarios, el TSJ arreció con la imposición de varias juntas ad hoc que dejaron sin autoridad legal a líderes históricos como Henry Ramos Allup de AD. Enriquez lo atribuyó a una “política de Estado” para “neutralizar” a la oposición y favorecer electoralmente al régimen de gobierno con la “complicidad” de factores internos de los mismos partidos.