Alianza reclama retardo procesal contra presos políticos e informes viciados del Senamecf

La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos exigió este jueves ante el Palacio de Justicia de Caracas que se tomen medidas administrativas para superar el retardo procesal, que se garantice el respeto a las medidas de excarcelación dictadas por los tribunales y se dicten las decisiones correspondientes para permitir atención médica urgente y especializada a los detenidos.

Activistas y familiares de presos políticos se movilizaron unas cuadras hasta la sede del Palacio de Justicia para entregar un documento dirigido al presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, John Parody, en el que piden medidas una serie de medidas, entre ellas que se acelere la celebración de audiencias. «Igualmente solicitamos que se atiendan institucionalmente las dificultades que obstaculizan la tramitación oportuna de las peticiones de libertad de ciudadanos civiles y militares», señaló Jessica Castro, vocera de la alianza y familiar de Gustavo Hernández, detenido por su supuesta participación en la llamada «operación Gedeón».

La Alianza, prosiguió, tiene contabilizados al menos unos 60 presos políticos en grave estado de salud y mencionó los casos de Marcos Echeverri, Lenny Cruz y su hermano Ángel Cruz, al igual que Carlos Belandria, este último detenido en el Internado Judicial Rodeo I, que ha sido calificado por los familiares como un centro de torturas.

Además, Castro afirmó que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) emite informes donde califica de «estable» la condición de los detenidos con enfermedades crónicas o patologías graves. «Ellos se están dejando guiar, acá en el Palacio de Justicia, por esa información.

Por ese medio no van a seguir saliendo y van a seguir muriendo bajo custodia del Estado… El Senamecf tiene que hacer su trabajo como debe ser y dar información clara».

La activista denunció también que hay entre 36 y 40 boletas de excarcelación firmadas desde hace varias semanas, que no son atendidas o aceptadas en los distintos centros de reclusión.

Tras la movilización, el presidente del Circuito Penal recibió a los familiares por cinco minutos.

En ese tiempo, le entregaron un listado detallado de los detenidos por razones políticas, tanto civiles como militares, que tienen registrados.

El juez Parody les prometió una reunión la semana próxima para evaluar cada caso, «más que todo patologías graves».

Un grupo de sindicalistas también se acercó a la manifestación, entre ellos Orlando Ramírez, quien denunció que estuvo «secuestrado» durante 29 días por sujetos no identificados.

El pasado 8 de octubre fue liberado en la carretera que comunica Yaracuy con la ciudad de Barquisimeto.