Organizaciones alertan sobre crisis de agua en Lara

La totalidad de las comunidades del estado Lara carece de un servicio de agua potable continuo, una situación crítica que se agrava por los constantes cortes del servicio eléctrico .

Así lo advirtió el Movimiento Unidos por el Agua , junto a la organización Provea , durante un encuentro formativo dirigido a líderes comunitario sobre el derecho a servicios públicos de calidad.

Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros del estado Lara y asesor del movimiento, señaló que desde el año 2002 la demanda de servicio de agua en la entidad larense supera la oferta de la hidrológica .

“Ahorita el 100% de los barquisimetanos, de los larenses no tenemos agua todos al mismo tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año, como lo exige la Constitución.

Ese derecho no lo tenemos”, enfatizó.

A esto se suma el impacto de la crisis eléctrica, que interrumpe también los sistemas de bombeo de agua.

“Esta combinación de la crisis hídrica con la crisis del servicio eléctrico hace que hoy padezcamos en todo el país ”, afirmó Marino Alvarado, coordinador del equipo jurídico de Provea.

Por otra parte, advirtió que la centralización de las empresas hidrológicas ha constituido un error, que resta autonomía financiera y de gestión a las regiones, provocando un mayor retraso en la respuesta a las demandas de la colectividad.

Herramientas para la acción ciudadana Ante la falta de garantía de servicios por parte del Estado, Provea ha intensificado un proceso de capacitación a líderes comunitarios sobre el derecho humano al agua y los mecanismos de exigibilidad ciudadana.

Estos talleres de formación los han dirigido principalmente a los estados Portuguesa, Yaracuy y Lara, sin embargo, la organización explicó que la crisis ha promovido un movimiento de lucha de alcance nacional.

Alvarado mencionó que estas jornadas buscan dotar a las comunidades de las herramientas necesarias para reclamar un suministro suficiente, continuo y saludable , tal como lo establecen los estándares internacionales de las Naciones Unidas.

Explicó que las comunidades pueden establecer acciones judiciales ante los tribunales contenciosos administrativos de los municipios para exigir servicios públicos .

“Algo a destacar es que La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa le permite a las comunidades establecer estas acciones judiciales sin necesidad de un abogado.

El solo hecho de presentar la acción judicial ya obliga a la institución prestadora del servicio a actuar”, recalcó.