Excarcelan a Lenny Cruz, una de las detenidas por el caso Pdvsa Obrero
La trabajadora petrolera Lenny Cruz, una de las procesadas en el expediente judicial conocido como Pdvsa Obrero, recibió la medida de excarcelación este viernes 9 de octubre.
La información fue difundida por las organizaciones de familiares y comités de derechos humanos que promueven la defensa de los trabajadores encarcelados bajo esta causa.
La liberación de Cruz ocurre apenas tres días después de que el comité de familiares ofreciera una rueda de prensa en Caracas para exigir medidas cautelares sustitutivas para los 77 detenidos de la investigación.
En esa comparecencia pública, los parientes advirtieron sobre el deterioro de la salud de diez reclusos con patologías de gravedad.
Cruz figuraba expresamente en el grupo prioritario de pacientes con informes médicos presentados ante las autoridades estatales.
La excarcelación de la trabajadora sucede tras una serie de diligencias realizadas por los parientes de los procesados.
El pasado 30 de septiembre, una representación de las familias asistió a la sede de la Asamblea Nacional para sostener una reunión con la Comisión de Paz y Reconciliación Nacional.
La secretaria ejecutiva de la instancia, Ana María Sanjuán, recibió los expedientes clínicos del caso.
Nuevo TSJ y garantías de participación política: los temas de la tercera ronda de diálogo En dicha reunión, los voceros consignaron la documentación médica correspondiente a Lenny Cruz, junto a los expedientes de Larry Moya, María Alejandra Romero y Renier Masetti, para fundamentar las solicitudes de excarcelación urgente ante los riesgos a la integridad física de los internos.
Las denuncias remitidas a la instancia parlamentaria expusieron que Cruz requería atención clínica especializada inaccesible bajo el régimen ordinario de reclusión.
La causa Pdvsa Obrero agrupa a 62 civiles pertenecientes a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Ministerio de Petróleo, además de 15 efectivos de la Fuerza Armada Nacional.
El Ministerio Público imputó a los trabajadores los delitos de presunto contrabando de combustible, sabotaje, asociación para delinquir, corrupción y daños a la infraestructura estatal.
Defensores de derechos humanos y abogados de la causa han documentado que el 75 % de los empleados petroleros encarcelados se encontraban en proceso de jubilación al momento de sus detenciones, acumulando trayectorias laborales de entre 20 y 25 años en la corporación.
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