La justicia social para la convivencia y la tolerancia

En la 81° Asamblea General de la ONU realizada hace dos semanas, la presidenta Delcy Rodríguez se comprometió con la justicia social en el momento actual representado históricamente por la refundación de la república, cuando, desde la diplomacia de paz, se privilegia el diálogo, a partir del reconocimiento por encima de las diferencias siempre reconciliables, para dar fin a una situación de conflicto político con un impacto directo en el bloqueo económico al que la nación fue sometida.

A modo de antecedente, este conflicto se agudizó en momentos en que las crisis vinieron acompañadas de violencia inclemente por parte del sector opositor extremista, el que pidió sanciones, invasión y demás males.

Uno de estos momentos fue en 2017, antes de la Constituyente para reformar el ordenamiento jurídico, en que las guarimbas dejaron un número importante de víctimas, por ejemplo, Óscar Figuera, que fue apuñalado y quemado en la Plaza de Altamira por parecer chavista, así como los motorizados, que resultaban atrapados por guayas, puestas en las zonas donde estos actos terroristas se ejecutaban, para causar daño, hasta el punto de que algunos fueron estrangulados por estas.

Cuando la mandataria afirma que el hito político del gobierno venezolano gira en torno a la justicia social, alude a la reforma judicial para brindar seguridad jurídica, así como garantizar el acceso a la justicia y corregir cualquier exceso en su aplicación, en el contexto de la consolidación del Estado democrático y social de derecho y de justicia, cuando para privilegiar un derecho constitucional como el derecho a la vida pudiera afectar otros derechos.

Un ejemplo claro de lo anterior es la Ley contra el Odio para la Convivencia Pacífica y Tolerancia, sometida a revisión y actualización, para evitar cualquier exceso al que haya llevado su aplicación, producto, entre otras cosas, de algunas concreciones y/o concisiones necesarias para caracterizar el odio, entendido en general como desprecio, hostigamiento, xenofobia y supremacismo hacia un colectivo objeto, desde el delito, acción que ponga en peligro la vida o la salud, por ejemplo, por sus manifestaciones como la violencia, moral o física, hasta el asesinato a causa de la propaganda de guerra de la que fuimos víctimas en 2017 y 2014.

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