Provea advierte que eliminar alcabalas no acaba con la corrupción policial #1Sep

La eliminación de las alcabalas policiales y militares en zonas urbanas, anunciada el pasado 24 de agosto por la presidenta interina Delcy Rodríguez, no sería suficiente para desmontar las prácticas de corrupción y abuso de autoridad que, según Provea, se han desarrollado alrededor de estos puntos de control.

La organización de derechos humanos considera que la medida puede representar un avance en el papel, pero advierte que el problema requiere una transformación estructural de los cuerpos de seguridad, mecanismos efectivos de rendición de cuentas y acciones contra la impunidad.

Provea señaló que la eliminación de las alcabalas parece reeditar una promesa realizada años atrás. La organización recordó que, tras la Masacre de Kennedy , ocurrida en Caracas en 2005, el entonces Ministerio de Interior y Justicia emitió en 2006 una resolución para regular la instalación de alcabalas policiales y militares.

Ese mismo año fue creada la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) , con la promesa de construir un nuevo modelo policial basado en principios de permanencia, eficiencia, democracia y participación.

Sin embargo, Provea sostiene que los avances fueron posteriormente revertidos con la implementación del Plan Patria Segura en 2013, durante el primer año de gobierno de Nicolás Maduro.

Según la organización, ese plan significó una militarización de las labores de seguridad ciudadana y la instalación de miles de puntos de control en el territorio nacional.

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Provea asegura que ha documentado de manera sistemática cómo las alcabalas dejaron de funcionar únicamente como mecanismos de control vehicular y prevención del delito para convertirse, en numerosos casos, en espacios de extorsión y abusos contra la población .

La organización sostiene que estos controles también representan obstáculos al libre tránsito y han afectado derechos económicos y sociales de campesinos, productores agrícolas, pobladores fronterizos y comunidades indígenas.

Uno de los ejemplos citados corresponde al estado Zulia, donde habitantes de La Guajira deben atravesar, según Provea, al menos 12 alcabalas entre Maracaibo y Paraguaipoa .

La organización denuncia que funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, entre ellos la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército, la Policía Nacional Bolivariana y el Cicpc, han mantenido durante años mecanismos que, según sus registros, afectan derechos como la movilidad, la alimentación, la identidad cultural y la integridad personal.

Para Provea, la eliminación de los puntos de control fijos en zonas urbanas puede ser positiva, pero no garantiza por sí misma el fin de las prácticas arbitrarias.

La organización advierte que, sin mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, las alcabalas podrían simplemente trasladarse hacia zonas rurales o espacios menos visibles , conservando las mismas dinámicas de control y extorsión.

Por ello, considera necesario determinar qué ocurrirá con los puntos de control ubicados fuera de las principales ciudades y cómo serán supervisados los dispositiv