CIDH otorga medidas cautelares a exalcaldesa de Guajira por grave riesgo de salud
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Indira Fernández, exalcaldesa del municipio Guajira, ubicado en el norte del Zulia, tras evaluar que la exfuncionaria, privada de libertad en Caracas, afronta una situación de gravedad y urgencia con riesgo de daño irreparable a su vida, integridad personal y salud.
La decisión consta en la Resolución 80/2026, adoptada el 2 de octubre y difundida por el organismo este miércoles 7 de octubre.
Según la solicitud presentada ante el órgano interamericano, la beneficiaria posee antecedentes de cáncer de tiroides, no recibe la atención médica requerida y se desconoce su estado actual.
Además, permanece bajo condiciones inadecuadas de detención en el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en Las Acacias, con una presencia predominantemente masculina de personas privadas de libertad.
Ante estos señalamientos, la CIDH señaló en su página web que el gobierno no proporcionó información.
Al evaluar el caso, la Comisión advirtió que la combinación entre el antecedente de cáncer, la falta de asistencia médica y el entorno de reclusión genera la posibilidad de que el peligro se materialice en cualquier momento.
El organismo concluyó que la exalcaldesa “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela”.
Con base en el artículo 25 de su Reglamento, la CIDH requirió a gobierno la adopción de medidas con perspectiva de género para resguardar a Fernández Duarte.
La solicitud exige realizar de inmediato una evaluación médica especializada con informe a sus familiares, asegurar acceso a agua potable y alimentación, facilitar la comunicación con allegados y abogados de confianza, y garantizar su protección frente a cualquier acto de violencia o agresión dentro del recinto.
La Comisión instó a concertar las acciones con la beneficiaria e informar sobre las investigaciones correspondientes para evitar la repetición de los hechos.
De igual manera, precisó que “el otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela no constituyen prejuzgamiento alguno” de una eventual petición ante el Sistema Interamericano.
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