Humberto Prado: Cuando un juez priva de libertad a una persona, ya va sentenciada a muerte

El sistema penitenciario venezolano atraviesa una crisis multifactorial originada por la inacción del Ministerio Penitenciario, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Asamblea Nacional.

Así lo diagnostica el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, quien maneja un subregistro sobre la letalidad en los centros de reclusión del país durante los últimos meses.

“Hasta los momentos contabilizamos más de 60 presos sociales fallecidos desde el mes de abril”, informó el defensor de derechos humanos de los presos sociales mediantre una entrevista telefónica con Efecto Cocuyo.

El experto responsabiliza a la Defensoría del Pueblo por no interponer recursos a favor de la población penal y cuestiona el accionar de los tribunales, que emiten boletas de encarcelamiento con pleno conocimiento del hacinamiento y la falta de condiciones mínimas de supervivencia en las celdas.

“Cuando un juez priva de libertad a una persona ya va sentenciado a muerte porque lo van a dejar morir y a las autoridades no les interesa”, sostuvo.

Esta inacción institucional cobró recientemente la vida de Luis Alejandro García, un joven de 30 años que falleció presuntamente por tuberculosis en el Centro de Formación Hombre Nuevo Juan López, en Tocuyito, estado Carabobo.

El OVP documentó que esta instalación carabobeña mantiene a más de 2.200 personas aglomeradas en un espacio concebido para 1.400.

Las enfermedades y la situación médica de los reclusos Las patologías prevenibles han desplazado a la violencia como causa principal de las muertes en los recintos penitenciarios del país.

Según los informes del OVP correspondientes a 2025, el 95 % de las 181 muertes carcelarias fueron ocasionadas por fallas cardíacas, pulmonares, tuberculosis, sarna y cuadros gastrointestinales.

Prado denuncia que el Estado contempla el pago de nóminas de salud, pero la asistencia de especialistas para frenar los contagios es prácticamente nula.

“Tú tienes que preguntarte dónde están los médicos a los cuales se les paga, porque los penales deben tener un especialista todos los días y no por consultas de vez en cuando”, dijo.

Al abandono del sistema de salud en los centros de reclusión se suma una desnutrición agravada por el suministro de alimentos descompuestos por parte del Ministerio Penitenciario, comida que el coordinador de la ONG califica como “bazofia”.

El activista señala que la crisis alimentaria empeora en los centros de detención preventiva o calabozos policiales porque las oficiales no tienen presupuesto para mantener a reclusos por más de 48 horas.

“Por más que la madre lleve caliente la comida no se la entregan inmediatamente, sino que es devuelta toda revuelta después de estar horas esperando”, indicó.