Zulma Bolívar: Frente al desastre, institucionalidad y gobernanza territorial

La recuperación post desastre debe tener una mirada integral El doblete sísmico de junio de 2026 dejó en evidencia no solo la vulnerabilidad física de la costa venezolana, dejó al descubierto una fragilidad igualmente crítica: desinstitucionalización generalizada y débil gobernanza del territorio.

“A lo largo de los siglos Venezuela ha registrado grandes terremotos, pero las lecciones técnicas, no se tradujeron en políticas duraderas.

Entender el riesgo sísmico con ciencia y memoria histórica es el primer paso para reducir la vulnerabilidad y proteger vidas a futuro, porque cuando estas en crisis no construyes mejor, cuando tienes inestabilidad política, no te organizas mejor ” Nos enfrentamos a un desafío inmenso, complejo y multidimensional, que requiere orden, estructura y alta gerencia.

El Estado ha intentando enfrentar la situación, pero el esfuerzo realizado no sustituye la institucionalidad perdida, siendo uno de sus principales pendientes recuperar varias décadas de omisión de la Planificación como una Política Pública de Estado, continua, permanente, ininterrumpida y de obligatorio cumplimiento.

La escala y severidad de esta emergencia exige trascender la mirada fragmentada para reivindicar la visión integral del urbanismo y la fortaleza de las instituciones locales.

Debemos asumir las consecuencias de “mandatos” poco justificados, y reconocer que la ruptura entre el diagnóstico, un plan y su implementación, no responde a falta de conocimiento técnico, sino a una falla estructural en la gestión pública y la gobernanza local.

La planificación no es un evento estático, requiere voluntad política, recursos y, sobre todo, control y seguimiento.

En teoría, tiene rango legal porque se fundamenta en la Constitución y se instrumenta mediante normativas como la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (LOPPP); la de Ordenamiento Territorial (LOOT), Ordenación Urbanística (LOOU) y la de Ambiente (LOA) .

Tiene carácter vinculante porque los planes aprobados son de obligatorio cumplimiento para los órganos del poder público en todos sus niveles territoriales.

Y tiene además, visión estratégica, porque busca superar la simple asignación presupuestaria burocrática para alinear la acción de gobierno con directrices políticas de largo y mediano plazo.

En Venezuela, la planificación del desarrollo urbano se debe compaginar con la preservación ambiental mediante la ordenación del territorio.