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CLAVES | Lo que sabemos (y no) del acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

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CLAVES | Lo que sabemos (y no) del acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela

El nuevo acuerdo petrolero combina un inédito control institucional de Washington, metas de producción cuestionadas por el deterioro industrial y la sombra de un mediador salpicado por corrupción La llegada a Caracas del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, busca sellar sobre el terreno las conversaciones del que ha sido presentado como «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial».

La visita del funcionario estadounidense se produce un día después de que la Asamblea Nacional respaldara el pacto anunciado previamente por la Casa Blanca.

Sin embargo, más allá del despliegue diplomático y las promesas de inversión multimillonaria, la letra chica del negocio deja al descubierto profundas grietas e inconsistencias que las vocerías oficiales de ambos países han preferido omitir.

La información pública del acuerdo petrolero El pacto contempla la entrega de concesiones sobre 17 yacimientos petroleros, incluyendo el desarrollo de ocho «campos verdes» en la Faja Petrolífera del Orinoco, cuyo potencial probado de 65.000 millones de barriles, cerca del 21,5% de las reservas totales de Venezuela, estimadas en aproximadamente 303.000 millones de barriles.

La empresa privada designada para la operación es North American Blue Energy Partners (Nabep) , propiedad de Alejandro Betancourt con sede en Barbados, que prevé una inversión de $100.000 millones para recuperar la infraestructura petrolera y de gas, así como el pago de más de $209 mil millones en ingresos fiscales para el Estado venezolano.

Actualmente, Nabep es la segunda mayor productora de crudo de Venezuela, con una producción superior a los 200.000 barriles diarios.

La compañía emplea directamente a más de 5.000 personas y presta servicios a más de 10.000 contratistas en todo el país. ¿Cómo se reparte la cochina? Nabep tendrá el control operativo del negocio, mientras que EEUU conservará los derechos de participación de 35% en la compañía, a través de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra.

Asimismo, El Departamento de Estado de EEUU aseguró el acceso preferencial a 20% de la producción de la empresa a precio de costo, que se destinará a la recarga de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) y al suministro de «usos militares y otros sensibles», manteniendo además opción de primera compra sobre el 80% restante en emergencias.

De igual modo, Washington retendrá capacidad de veto sobre los miembros de la junta directiva de Nabep —que debe ser de mayoría estadounidense— y cualquier disputa se resolverá con auditores, abogados y asesores estadounidenses.

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