Venezolanos en Estados Unidos: gente honesta y trabajadora
Por: Carlos Tablante La diáspora venezolana no puede ser convertida en una sospecha colectiva.
La existencia del crimen organizado, con evidentes exageraciones por razones políticas, debe ser investigada y enfrentada con todas las herramientas que ofrece la ley.
Pero una cosa es perseguir a quienes cometen delitos y otra, radicalmente distinta, convertir la nacionalidad venezolana en motivo de sospecha.
Como venezolano y como ciudadano, me preocupa profundamente que el debate migratorio en Estados Unidos termine asociando, de manera indiscriminada, a los venezolanos con la delincuencia organizada.
La inmensa mayoría de nuestros compatriotas que viven en ese país son personas que trabajan, estudian, forman familias, pagan impuestos y procuran cumplir cabalmente las leyes del país que los recibió.
En mis artículos anteriores he llamado la atención sobre el denominado Tren de Aragua y sobre la necesidad de analizarlo con información, evidencias y sin simplificaciones.
Una organización criminal debe responder por sus delitos y quienes participen individualmente en actividades delictivas deben responder ante la justicia.
Pero la responsabilidad penal es individual: no puede existir una presunción de culpabilidad basada exclusivamente en la nacionalidad, el origen o la condición migratoria de una persona.
La discusión pública necesita separar tres asuntos diferentes: el combate al crimen organizado, la política migratoria y los derechos humanos de las personas sometidas a procedimientos de inmigración.
Mezclarlos puede terminar afectando precisamente a personas honestas y trabajadoras que no tienen relación alguna con actividades delictivas.
También es indispensable reconocer que la situación migratoria de los venezolanos en Estados Unidos no es uniforme.
Hay personas con solicitudes de asilo pendientes, permisos de trabajo, distintos tipos de protección migratoria, procesos ante las autoridades y otras situaciones jurídicas.
Por eso, una detención o una deportación no debería presentarse como si todas las personas afectadas fueran delincuentes.
Cada caso requiere determinar cuál es su situación legal y cuáles son las garantías que le corresponden.
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