La libertad no se negocia, se restituye

131 presos.

Esa fue la cifra anunciada esta semana por el Gobierno venezolano como parte de las medidas alternativas de libertad concedidas a personas detenidas.

La noticia, naturalmente, debe ser recibida con alivio por sus familias y por todos quienes durante años han reclamado la libertad de quienes permanecen privados de ella por razones políticas.

Pero una pregunta resulta inevitable: ¿puede la libertad de un ciudadano convertirse en una ficha de negociación? Si el diálogo venezolano pretende abrir el camino hacia una verdadera transición democrática, debemos tener cuidado de no confundir una concesión política con la restitución de un derecho.

Porque un preso político no debería salir de una cárcel porque el Gobierno decidió liberarlo.

Debería salir porque un Estado de Derecho determinó que nunca debió estar allí.

Esa diferencia no es semántica.

Es la diferencia entre una democracia que comienza a reconstruirse y un sistema que simplemente administra sus propias excepciones.

Las recientes conversaciones entre representantes del Gobierno y sectores de la oposición han producido algunos acuerdos importantes.

Entre ellos, la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la solicitud conjunta para recuperar las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra.

Ambas cuestiones son relevantes.

Recuperar activos venezolanos para destinarlos a la reconstrucción del país puede ser necesario.

Renovar el Tribunal Supremo puede ser indispensable.

Pero ninguna de estas decisiones, por sí sola, significa que Venezuela haya comenzado a recuperar plenamente su institucionalidad.