Familiares de detenidos en Operación Roraima denuncian retardos procesales

Al menos 10 personas siguen detenidas tras vincularlas a la denominada Operación Roraima, al sur de Bolívar.

Sus familiares exigen justicia, libertad y respeto al debido proceso.

Daniel Romero, preso político excarcelado, cuestionó el tratamiento judicial que han recibido sus casos y afirmó que se trata de presos políticos y no comunes.

“Cada uno de esas personas que fueron detenidas por organismos de investigación bajo la tutela del régimen por órdenes políticas, son presos políticos.

No son presos comunes”, expresó.

Romero destacó que entre los 10 apresados están dos mujeres, actualmente recluidas en Vizcaíno.

“Le hago un llamado a los jueces y fiscales.

Pronto tendremos un nuevo CNE y un nuevo TSJ en este país.

Pónganse a derecho, jueces y fiscales que han cometido y han recibido órdenes políticas”, señaló.

Asimismo criticó la reciente visita del fiscal general de la República, Larry Devoe, al estado Bolívar y pidió la derogación de la Ley contra el Odio, utilizada para perseguir a ciudadanos.

“La Ley del Odio es la que ha hecho la violación de derechos humanos en el país.

La Ley del Odio es la que ha colocado a cada uno de estos venezolanos tras las rejas y a sus familias sufriendo”, afirmó.

Casos de Kimberly y Omarly Mariana Pérez, hermana de Kimberly Espaillata, denunció las irregularidades desde el momento de la detención de su familiar, quien ha tenido unos 140 diferimientos de audiencia.

De acuerdo con su testimonio, la aprehensión de Kimberly se dio bajo la excusa de que sólo debía rendir declaración por una presunta resistencia a la autoridad.