Corte IDH celebrará audiencia pública sobre el caso del 11 de abril de 2002 en Venezuela

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará una audiencia pública sobre el caso del 11 de abril en Venezuela, que dejó 19 personas fallecidas y más de 300 heridas.

La instancia examinará la responsabilidad del Estado en estos decesos este miércoles 14 de octubre.

Los directivos de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, llegaron a Costa Rica para participar de la audiencia al ser ellos quienes denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos HUmanos (CIDH) este caso que se conoce bajo el título de «Trujillo y otros vs.

Venezuela».

Pareja ítalo-venezolana recibe medidas de protección de la CIDH CIDH remitió el caso a la Corte en 2024 Esta organización no gubernamental recordó que la CIDH remitió el expediente a la Corte IDH el 9 de julio de 2024 .

Asimismo, en su Informe de Fondo n.º 313/23, concluyó que el Estado venezolano violó los derechos a la vida, la integridad personal, la reunión, las garantías judiciales y la protección judicial .

Además, precisó que el Estado no demostró que el uso de la fuerza letal contra las víctimas hubiera sido legítimo, necesario y proporcionado, y que las investigaciones no habían permitido esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables de las muertes y lesiones comprendidas en el caso.

En ese momento exigieron una serie de medidas de reparación entre las que se incluyen: Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como moral.

Conducir y llevar a término una investigación efectiva y dentro de un plazo razonable en la jurisdicción penal ordinaria, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe.

Adoptar medidas de no repetición que incluyan medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole.

Sobre este última se refirieron en específico a la Fuerza Armada Nacional venezolana para pedir que se limite el uso de los efectivos militares en labores de orden público y seguridad ciudadana; fortalecer el trabajo del Ministerio Público y el Circuito Judicial Penal del estado Aragua, «a fin de asegurar que ejerzan su función en estricto cumplimiento de los distintos aspectos que componente en deber de debida diligencia, conforme a los estándares descritos en el presente informe».

También señalaron que las autoridades deben «asegurar que las restricciones impuestas al derecho de reunión sean compatibles con la Convención Americana».

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