Transición extraviada

Venezuela transita por un pretendido proceso de transición que, por los hechos, resulta desconcertante e incongruente.

Tras la remoción y procesamiento judicial de Nicolás Maduro, por graves delitos y manifiesta ilegitimidad, la lógica jurídica dictaba el desmontaje integral del andamiaje que sostuvo su régimen.

Sin embargo, bajo una tutela internacional desprovista de perspectiva sagaz, se constata la insólita permanencia de figuras del oficialismo en funciones clave de poder, al tiempo que se margina a Edmundo González Urrutia, depositario indiscutible del mandato popular en las urnas de los últimos comicios.

Esta conducción tutelada evidencia una alarmante falta de rumbo y autoridad: las liberaciones de presos políticos, que debieron ocurrir el día 4 de enero, se retardan y ocurren caprichosamente, a cuentagotas Por otro lado, se recurre a fórmulas cupulares, como la de la Asamblea del 2015, para simular legalidad.

Es importante destacar que esa delegación opositora derivada de dicha Asamblea, no refleja la pluralidad política del país ni tampoco su clamor ciudadano; de hecho, no es más que un reparto faccioso de espacios.

Más grave aún es que se pretenda acometer la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de un nuevo árbitro electoral a través de comisiones bipartidistas integradas por actores deslegitimados.

Quienes participaron en la conculcación de los derechos ciudadanos carecen de solvencia moral y constitucional para modelar los poderes públicos de la nueva república.

Las contradicciones alcanzan también al patrimonio nacional.

Resulta inadmisible que, sin una auditoría exhaustiva ni la urgente reestructuración del Ministerio de Hidrocarburos bajo un nuevo mandato, o de Petróleos de Venezuela, se proyecte la asignación de recursos estratégicos sin licitaciones transparentes y peor aún, mediante actores, ampliamente señalados por la justicia internacional.

Aunque la potencia tutelar enfrente múltiples compromisos geopolíticos, el rigor institucional obligaba a estructurar un mecanismo honorable y apegado a la legalidad democrática, ya fuese mediante una Junta de Gobierno —con sólidos precedentes en la historia republicana— o a través del reconocimiento explícito del presidente electo.

El orden de las prioridades ha sido invertido.

La reinstitucionalización y la restitución del Estado de derecho constituyen el núcleo innegociable de este momento histórico; los acuerdos comerciales, contratos energéticos y renegociaciones de deuda, solo tendrán validez y estabilidad cuando sean suscritos por gobernantes dotados de legitimidad de origen.

El camino inmediato exige la conformación de un cuerpo electoral imparcial que convoque a comicios presidenciales y parlamentarios en el menor plazo posible.