La seguridad, lo primero

Señalar que Colombia es el punto de partida de una parte sustancial de la cocaína que invade los mercados mundiales, o mencionar que se estima que unas 261.000 hectáreas de su territorio estaban sembradas de coca en 2024, apenas refleja una porción de las muchas distorsiones que mantienen infectado al país en el terreno de la seguridad interna.

Esas frías cifras no muestran cómo, en efecto, la droga, su comercio ilegal y su conjunción con la insurgencia armada han convertido a Colombia en un santuario del crimen que ha demandado atención prioritaria de cada uno de los gobiernos de la democracia, sin que hasta ahora se haya podido avanzar significativamente en su erradicación.

Las actividades a las que se dedican los grupos al margen de la ley han evolucionado desde acciones de insurgencia armada sustentadas en el pasado por algún género de ideología izquierdista extrema, hasta delitos muy sofisticados que han reclamado la adecuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como el entrenamiento y formación de contingentes importantes dedicados a actividades de inteligencia, persecución antinarcóticos y combate de toda clase de crímenes.

Proliferan en todo el territorio actividades delictivas que van desde la custodia de los cultivos y la recolección de coca y de los centros de procesamiento, pasando por el secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzado, la trata de personas y el sicariato, hasta la minería ilegal y el lavado de activos.

La tecnificación de los medios de combate y el uso extensivo de tecnologías avanzadas en las vías de transporte, las nuevas formas de comunicación digital y el manejo de transacciones y flujos de dinero vinculados a este enjambre de actividades delictivas también se han sofisticado hasta niveles insospechados.

Ello ha impulsado la internacionalización de algunas de estas actividades y su conexión y cooperación con redes del crimen internacional que mueven cifras astronómicas de negocios a escala planetaria.

La magnitud del desafío es colosal para el gobierno que se estrena.

De la Espriella recibe un aparato de seguridad numéricamente muy superior a los grupos ilegales, pero obligado a distribuirse sobre un territorio enorme y fragmentado.

A julio de 2026, las organizaciones armadas ilegales sumaban 28.802 integrantes, casi el doble de los que tenían al comienzo del gobierno Petro, y las zonas de disputa activa entre ellas se habían elevado a 14.

Frente a ellos, Colombia dispone de una Fuerza Pública muy superior en número, pero no de cientos de miles de hombres disponibles simultáneamente para combatirlos.

La Policía debe atender además la seguridad urbana y el delito común, mientras buena parte de las Fuerzas Militares cumple funciones de defensa, control territorial y vigilancia de fronteras.