Más de 10 mil plazas fuera de servicio mientras cárceles y calabozos se desbordan, denunció OVP

Cortesía En Venezuela existe una contradicción difícil de justificar, mientras miles de personas permanecen hacinadas en cárceles y calabozos policiales, una parte importante de la infraestructura penitenciaria construida en el país permanece cerrada, desalojada o fuera de funcionamiento.

Para 2025, desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registramos 26.694 personas privadas de libertad en centros penitenciarios que disponían de apenas 15.096 plazas operativas, lo que llevó el hacinamiento a 176,83%.

Esta sobrepoblación contrasta con otra realidad del sistema penitenciario venezolano, y es que más de 10 mil plazas permanecen desaprovechadas en establecimientos que fueron cerrados y continúan fuera de funcionamiento, una capacidad que, de ser recuperada bajo condiciones adecuadas, podría contribuir significativamente a reducir el hacinamiento y descongestionar los calabozos policiales.

Durante las últimas décadas, al menos 18 establecimientos penitenciarios fueron cerrados o desalojados en Venezuela, entre ellos algunos de los de mayor capacidad del país, como Sabaneta, con 800 plazas; la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), CEPELLA, Yare I y Puente Ayala, con alrededor de 750 plazas cada uno; y Vista Hermosa, con 650.

A estos se suman La Planta, San Juan de los Morros, el Internado Judicial de Apure, I.J.

Yaracuy y otros recintos.

Algunos fueron posteriormente reutilizados o reabiertos, pero otros permanecieron durante años fuera del sistema, reduciendo significativamente la capacidad penitenciaria disponible.

Solo durante las intervenciones penitenciarias de 2023, 8.016 personas fueron trasladadas a diferentes entidades del país.

El resultado fue que una parte de esa población terminó en establecimientos que ya enfrentaban problemas de infraestructura y sobrepoblación, mientras cientos de familias tuvieron que comenzar a recorrer largas distancias para mantener contacto con sus familiares detenidos.

Caracas es uno de los ejemplos más claros.

Con el cierre progresivo del Retén de Catia, El Junquito y La Planta, la capital venezolana quedó sin establecimientos penitenciarios, lo que significa que personas cuyos procesos judiciales se tramitan en Caracas terminaron recluidas en otras entidades, alejadas de sus tribunales y de sus familias.

El impacto es especialmente grave porque las familias, tanto de Caracas como de otros estados, se han convertido en proveedoras de necesidades que deberían estar garantizadas por las autoridades, como alimentación, medicamentos, productos de higiene y otros insumos esenciales.

En ese sentido, cuando una persona es trasladada a cientos de kilómetros, su familia debe sumar el costo de mantener el transporte, alimentación y, en ocasiones, alojamiento para poder visitarla.