La reforma tributaria es tarea pendiente

El nombramiento de Román Maniglia como nuevo superintendente del Seniat generó expectativas en el sector privado sobre la posibilidad de una reforma tributaria, pero las primeras medidas de su gestión indican que va en otra dirección y se ha concentrado en simplificar trámites, digitalizar procesos y reducir exigencias administrativas.

El pasado 7 de julio, cuando la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la designación de Maniglia, le asignó como tarea principal la digitalización del sistema tributario venezolano. La instrucción apunta más a modernizar la administración y recaudación de los tributos que a modificar la estructura de las obligaciones tributarias que recaen sobre empresas y personas naturales.

Desde el Seniat, Maniglia eliminó el vencimiento del Registro de Información Fiscal (RIF) y la obligación de exhibirlo físicamente en los comercios. También derogó la homologación previa de los sistemas de facturación y avanzó en la interconexión con el Saren para evitar que los contribuyentes tengan que entregar información que ya está disponible en otras plataformas.

La digitalización también alcanzó las aduanas y este 14 de septiembre el nuevo superintendente ordenó eliminar la solicitud en físico de documentos que ya forman parte de los expedientes digitales y activar criterios de selectividad para acelerar el despacho de mercancías.

Los cambios apuntan a reducir la burocracia y hacer más eficiente la relación con el contribuyente. Sin embargo, aún no han abordado las demandas que el sector privado viene planteando desde hace meses sobre el peso de los tributos, la superposición de obligaciones y el costo de permanecer en la formalidad.

El Seniat recauda los principales tributos nacionales, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (IVA) , el Impuesto sobre la Renta (ISLR) y el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) , además de los vinculados con las operaciones aduaneras, el tabaco y las especies alcohólicas. A estos se sumó en 2024 la contribución especial para la protección de las pensiones.

La carga tributaria termina reflejándose en los precios que pagan los consumidores. El IVA, cuya alícuota general es de 16%, una tasa que se ubica en el rango medio-alto en la región, se incorpora directamente al precio final de los bienes y servicios a los que se les aplica este impuesto.

Otros tributos y contribuciones que recaen sobre las empresas pueden trasladarse de manera indirecta a los costos de producción, importación, distribución y comercialización, es decir al final que pagan los consumidores.

Consecomercio ha advertido, por ejemplo, que el IGTF encarece las operaciones y afecta la cadena productiva. Este es un impuesto que pecha con hasta 3% el pago en divisas en efectivo, por ejemplo.

El efecto se refleja en productos de consumo masivo como alimentos, pero también en bienes como vehículos, ropa y otros productos que incorporan costos tributarios a lo largo de la cadena.

La recaudación tributaria interna cerró 2025 en alrededor de 10.300 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB (IIES-UCAB) .