Desmontar la dictadura judicial (I), por Juan Miguel Matheus

X: @JuanMMatheus La renovación integral del Tribunal Supremo de Justicia abre la puerta a la transformación del sistema de justicia venezolano.

Designar nuevos magistrados en todas las salas es un primer paso inconmensurable.

El siguiente consiste en llevar la independencia judicial hasta cada tribunal del país y desmontar los mecanismos que durante años hicieron posible la utilización de la justicia para la persecución política y la corrupción.

Los acuerdos del 12 de agosto, alcanzados por la mesa de negociación con el apoyo del secretario de Estado Marco Rubio, apuntan en esa dirección.

La nueva conformación del Comité de Postulaciones Judiciales, con mayor presencia de la sociedad civil, inicia un proceso que debe ser transparente, abierto al escrutinio ciudadano y conducir a la renovación del TSJ.

El Consejo Independiente de Revisión de Credenciales deberá contribuir a asegurar el cumplimiento estricto de los requisitos constitucionales de los postulados a las magistraturas.

Pero ahora corresponde llevar esa transformación hacia las instituciones que gobiernan diariamente el Poder Judicial: la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura, como se establece en las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que modifica el artículo 65, aprobada el 1 de septiembre de 2026.

Queremos reconstruir la independencia judicial de arriba hacia abajo.

Depende de quiénes integren el Tribunal Supremo, pero también de las condiciones concretas en las cuales cada juez venezolano ejerce su función.

La administración de los tribunales, la inspección de los jueces, su formación, su evaluación y su estabilidad profesional determinan en buena medida la libertad real con la cual pueden ejercer sus competencias jurisdiccionales y decidir para darle justicia a los venezolanos.

Necesitamos, por eso, nuevas autoridades en estos organismos y garantías efectivas para su autonomía.

Una Dirección Ejecutiva de la Magistratura profesional y autónoma debe administrar los recursos del Poder Judicial al servicio de los tribunales.

Una Inspectoría independiente debe velar por el correcto funcionamiento de la justicia y la integridad de la función judicial.

La Escuela Nacional de la Magistratura debe ser uno de los pilares de una verdadera carrera judicial fundada en el mérito, la preparación y la estabilidad.