Noel Álvarez: Cuentas claras o política a la sombra

El debate político actual sobre la reconstrucción institucional en Venezuela exige abordar un tema clave con total valentía y sin complejos demagógicos.

Durante años, la ciudadanía ha mirado con comprensible suspicacia el financiamiento público a las organizaciones políticas, considerándolo un gasto innecesario.

Sin embargo, la experiencia demuestra que dejar a los partidos sin fondos legales transparentes no destruyó la política, sino que la arrojó a un peligroso terreno de vulnerabilidad institucional.

Para comprender este problema en su justa dimensión, resulta indispensable revisar los antecedentes históricos de nuestra legislación nacional.

La Constitución de 1961 no prohibía ni imponía el financiamiento estatal; fue la ley electoral la que reguló un mecanismo de aportes para equilibrar la competencia.

Todo cambió abruptamente en 1999, cuando la Asamblea Nacional Constituyente impuso en la Constitución Nacional la prohibición expresa de otorgar fondos públicos a los partidos.

Aquella medida de 1999 se vendió como un acto de moralización pública, pero escondía una clara intencionalidad política de hegemonía.

Al prohibirse el financiamiento estatal, la oposición quedó asfixiada financieramente, mientras el oficialismo utilizaba de manera ilimitada los recursos del Estado para proyectar su estructura partidista.

Esa decisión quebró la equidad en el terreno electoral y dejó a las fuerzas democráticas al garete, obligándolas a sobrevivir en condiciones de absoluta desigualdad.

Retornar al financiamiento público no significa pedir un trato de favor ni inventar nada extraordinario dentro del panorama internacional.

Esta práctica se encuentra ampliamente difundida en casi toda América Latina y en Europa.

Países como México, Colombia, Chile, Costa Rica, Uruguay y Brasil aplican modelos donde el Estado otorga recursos ordinarios y reembolsos por votos obtenidos, garantizando que la contienda política se desarrolle bajo reglas democráticas transparentes y fiscalizables.

El caso de España resulta sumamente ilustrativo sobre cómo funciona este sistema bancario y financiero legal.

Allí, los partidos políticos pueden acudir a la banca privada para solicitar créditos de campaña respaldados en el peso de su militancia y sus estimaciones electorales.