Ley odiosa

Hace un tiempo publiqué un artículo titulado “Legislación para el odio”, su contenido sigue estando vigente.

Decía que en Venezuela se cultiva el odio de forma intencional y programada.

Me refiero a la LEY CONSTITUCIONAL CONTRA EL ODIO, POR LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y LA TOLERANCIA, nombre pomposo, pero falaz y odioso en sí mismo.

Es una legislación que debería ser aborrecida y abrogada por sus fines dañinos, así como una ejecución destructiva.

En realidad, es una “Ley del Odio y para el Odio” porque se integra a otras formas represivas surgidas del régimen decretal del modelo comunista de Estado contra el denominado “Estado Burgués”, lo cual ha servido para perseguir “enemigos”.

Lo he llamado Estado Dual o anómico en un libro de mi autoría, usando el término que acuñó Carl Schmitt, principalmente, pero usando, igualmente el análisis de Peter Waldman sobre el “Estado anómico”.

El odio programado tiene tres fases: política, jurisprudencial y normativa.

La Ley del Odio pertenece a la normativa dual de la persecución y se corresponde con la anomia constitucional, es decir el crónico incumplimiento de la Constitución en Derechos Humanos.

Confirmo que no es una ley “contra” el odio ni favorece a la convivencia pacífica y la tolerancia, porque no remedia nada del odio que se ha inducido intencionalmente en la población sino que ha servido como “aplastar los enemigos” parafraseando a Mao Zedong, uno de los inspiradores de quienes gobiernan.

La Ley del Odio no tiene pudor alguno en evidenciar la carga odiosa de penas del llamado “derecho penal máximo” y medidas coercitivas extremas contra el enemigo: 20 años de prisión es mucho peor que un homicidio (Nota: con esto no quiero decir que se debe aumentar la pena por homicidio).

El tipo penal es abierto y, aplicable por analogía, cualquier cosa que se diga se interpretará como “delito de odio”.

Esto dice la Ley aborrecible: “Prohibición de partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales que promueven el odio, la intolerancia y la guerra Artículo 11.

Los partidos políticos y organizaciones políticas cuyas declaraciones de principios, actas constitutivas, programas de acción política, estatutos o actividades se funden o promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia no podrán ser inscritos o constituidos ante el Consejo Nacional Electoral.

Así mismo, se revocará la inscripción de aquellos partidos políticos y organizaciones políticas que incumplan lo previsto en la presente disposición.