Uno de cada cinco contratos duran menos de una semana y la mitad, tres meses o menos

Casi uno de cada cinco contratos (19,4%) firmados el pasado mes de julio, en concreto 308.861 contratos, presentaban una duración igual o inferior a siete días, mientras que 82.741 contratos (el 5,2% del total) duraron entre 7 y 15 días, según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) consultados por Europa Press.

Además, en julio se firmaron 137.051 contratos con una duración de entre 15 días y un mes, el 8,6% del total, y 273.138 de entre un mes y tres meses, el 17,2%.

De esta forma, el 33,3% de los contratos firmados en julio presentaron una duración inferior o igual a un mes, y la mitad, el 50,4%, de tres meses o menos.

En promedio, la duración de los contratos laborales inscritos en los servicios públicos de empleo se situó en julio en una media de 45,83 días, una de las cifras más bajas para este mes de los últimos 20 años, Con este dato, ya son cinco años consecutivos, desde 2022, en los que la duración media de los contratos de julio ronda los 45 días.

Antes de 2022, año en que la duración media de los contratos de julio fue de 45,85 días, este indicador presentaba cifras superiores, con alguna excepción dentro de la serie, como la de 2019 (47,05 días), que varía muy poco en relación al dato de este año.

Entrando más al detalle, la duración media de los contratos de julio no baja de los 53 días desde 2013, alcanzándose el máximo en 2006, con 73,82 días de media.

Que España lleve cinco años consecutivos encadenando duraciones medias del entorno de 45 días en el mes de julio llama la atención por el hecho de que la reforma laboral de 2021 introdujo penalizaciones a los contratos de muy corta duración y de que estableció el contrato indefinido como el ordinario.

En concreto, la reforma laboral contempla una cotización adicional a pagar por los empresarios a la finalización de los contratos temporales de menos de 30 días que, actualmente, está fijada en 33,62 euros, un 3,1% más que en 2025.

Esta penalización fue concebida como una forma de desincentivar a las empresas a hacer contratos muy cortos, de días o de apenas cuatro semanas.

Desde Trabajo afirman que la desaparición del contrato de obra y servicio establecida en la reforma laboral de 2021 ha hecho que los datos de los últimos años no sean estrictamente comparables con los más antiguos recogidos en la serie del SEPE.

La explicación es que el contrato por obra y servicio, que antes de la reforma laboral suponía cerca del 40% de la contratación en España, podía durar meses o años, afectando, por tanto, a los datos de duración media.