El costo fiscal del consenso
Lo que paso esta semana la Cámara de Diputados mostró la encrucijada con la que debe lidiar el Gobierno cuando los votos y las urgencias de los gobernadores se alinean .
La idea de bloquear discusiones incómodas para Economía chocó de frente contra una realidad numérica que el ala política oficialista no logró contener.
El oficialismo arrancó el día con una premisa: frenar a toda costa cualquier debate sobre tablas relacionado con dos temas de alta sensibilidad social y económica.
Por un lado, la ley de morosidad y el desendeudamiento; por el otro, la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 .
Para Economía, ambas iniciativas apuntan directo al gasto y a la regulación.
Sin embargo, el arco opositor —en el que esta vez confluyeron el peronismo, el bloque de Provincias Unidas y sectores de la UCR dialoguista— logró una victoria política clave al alcanzar el quórum de 129 diputados.
El dato es importante por la decisión explícita de los legisladores que responden a gobernadores aliados de sentarse en sus bancas y dar número para habilitar el tratamiento de los emplazamientos.
Frente a la certeza de que la oposición obtendría las mayorías para imponer el cronograma por la fuerza, La Libertad Avanza aplicó un cambio táctico sobre la marcha para atenuar el impacto.
Para no pagar el costo político de una derrota a mano alzada, el bloque oficialista pasó de rechazar las mociones a votar de manera afirmativa el emplazamiento de comisiones.
La votación registró una abrumadora mayoría de 249 votos afirmativos .
Con este resultado, se estableció que las comisiones de Discapacidad y Presupuesto deberán reunirse el 16 de septiembre para dictaminar el 23 del mismo mes; mientras que Finanzas y Defensa del Consumidor abordarán el proyecto de morosidad el 15 y 22, y fijaron como fecha límite de dictamen el 29 de septiembre.
El oficialismo procuró vestir de madurez institucional la situación evitar que el tema se trate directo sobre tablas y ganar margen de maniobra frente a un dictamen inminente.
De todos modos, lo que se vio esta semana es como los Gobernadores van pasando factura y empiezan a avisar a la Rosada que sus apoyos no son a libro cerrado y juegan en las dos puntas de la cancha.
Por un lado, necesitan mantener un canal de diálogo con el Ejecutivo para garantizar el flujo de transferencias no automáticas, la aprobación de avales para endeudamiento externo y la reactivación mínima al menos de obras públicas paralizadas.
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