Tribunal ordenó al Ministerio del Trabajo formular política contra la violencia, el acoso y la discriminación laboral: tendrá cuatro meses para cumplir

La Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Ministerio del Trabajo formular la política pública contemplada en el parágrafo del artículo 18 de la Ley 2466 de 2025, conocida como la reforma laboral, que establece medidas para eliminar las conductas de violencia, acoso y discriminación en el mundo laboral.

En la sentencia de primera instancia, fechada el 7 de septiembre de 2026, la corporación declaró que el Ministerio del Trabajo incumplió el mandato legal y fijó un plazo para que la entidad formule la política en coordinación con la Subcomisión de Género de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales .

El documento, con ponencia del magistrado Luis Norberto Cermeño, establece que la estrategia deberá incluir protocolos, planes, programas y acciones orientadas a prevenir y eliminar las conductas que afectan los entornos laborales.

Además, tendrá que unificar e incorporar la normativa vigente sobre violencia, acoso y discriminación en el trabajo, conforme a lo dispuesto por el legislador.

El plazo de la reforma laboral venció sin que se formulara la política La acción de cumplimiento fue promovida por Carlos Mario Salgado Morales y Jhonathan Felipe Córdoba Fajardo, quienes señalaron que el Ministerio del Trabajo no había atendido la obligación establecida en el parágrafo del artículo 18 de la reforma laboral, sancionada el 25 de junio de 2025.

La disposición otorgó a la entidad un plazo de doce meses, contados desde la entrada en vigencia de la ley, para formular la política pública.

Sin embargo, de acuerdo con el análisis del tribunal, ese término venció el 26 de junio de 2026 sin que se acreditara el cumplimiento del mandato .

Los demandantes solicitaron que se declarara el incumplimiento y se ordenara a la cartera adoptar las medidas necesarias para elaborar la estrategia con la participación de la instancia de concertación prevista en la norma.

Al estudiar el caso, la corporación concluyó que la obligación no dependía de la voluntad discrecional de la entidad.

La ley identificó expresamente al responsable, determinó la actuación que debía adelantar, estableció con quién debía coordinarla, definió los componentes mínimos de la política y fijó un plazo para su formulación .

En ese sentido, el tribunal sostuvo que el mandato era de obligatorio cumplimiento, pues la sentencia señaló que el parágrafo del artículo 18 contiene “un mandato imperativo e inobjetable en cabeza del Ministerio del Trabajo”, por lo que no podía entenderse como una facultad potestativa de la administración.