Diputados guatemaltecos proponen sustituir la Ley de Inquilinato vigente desde hace 65 años y sostienen que nuevas reglas impulsarán la oferta
Diputados independientes del bloque Raíces presentaron ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República de Guatemala la iniciativa 6865, un proyecto de 79 artículos para sustituir la Ley de Inquilinato vigente desde hace más de seis décadas y regular los contratos de alquiler de vivienda.
La propuesta, denominada Ley de Protección al Derecho a la Vivienda en Alquiler, busca establecer obligaciones para propietarios e inquilinos, prohibir desalojos realizados por la fuerza o mediante intimidación y fijar procedimientos para resolver conflictos derivados de los arrendamientos.
El proyecto plantea que las personas con mensualidades pendientes dispongan de un plazo de dos meses para cancelar las cuotas antes de que el propietario pueda iniciar un proceso de desalojo.
La restitución del inmueble deberá tramitarse mediante los procedimientos legales correspondientes, con respeto al debido proceso y al derecho de defensa.
Elena Mota presentó la iniciativa durante una conferencia de prensa junto con las diputadas Mercedes Monzón y Patricia Orantes, y los parlamentarios Samuel Pérez, Román Castellanos, Orlando Pérez, Byron Obregón y Ronalth Ochaeta.
La legisladora sostuvo que el alquiler constituye para miles de familias, jóvenes, trabajadores y personas adultas mayores la única alternativa para acceder a una vivienda, ante un mercado en el que comprar una casa resulta cada vez más inaccesible.
“Tener una vivienda digna no debería significar vivir con miedo a perderla de un día a otro”, afirmó.
Depósitos, rentas y reparaciones bajo condiciones definidas La iniciativa pretende que los contratos de arrendamiento dejen de depender de acuerdos informales o cláusulas ambiguas.
El texto obliga a los propietarios a formalizar por escrito las condiciones bajo las cuales entregan un inmueble en alquiler.
El contrato deberá dejar establecidas las reglas sobre la constitución, administración y devolución del depósito en garantía.
La medida apunta a reducir las controversias entre las partes por el manejo de ese dinero al inicio o al final de la relación contractual.
La propuesta también define criterios de razonabilidad y previsibilidad para los ajustes de la renta.
Cualquier modificación del canon de arrendamiento deberá responder a parámetros conocidos de antemano, en lugar de quedar sujeta a decisiones arbitrarias.
El proyecto no contempla controles administrativos de precios ni una intervención estatal directa para fijar el valor de los alquileres.
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