La nueva Siria elige la pena de muerte para impartir justicia tras Al Asad

Ghadi George Baghdadi Damasco, 27 ago (EFE).- La pena de muerte es el castigo con el que la nueva Siria está penando los crímenes cometidos por las figuras del régimen de Bachar al Asad, sin contar aún con un marco para la justicia transicional, y con el riesgo de convertir la persecución penal en una simple respuesta punitiva.

El país árabe enfrenta un pulso entre la demanda de justicia rápida y la cuestión de si será capaz de construir un sistema capaz de esclarecer los hechos, establecer responsabilidades, reparar a las víctimas y evitar la repetición de los abusos, en lugar de castigar hechos individuales.

En ese debate, Siria se está decantando por el primer camino, pese a los reclamos de analistas, ONG y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El Cuarto Tribunal Penal de Damasco ha condenado a muerte en las dos últimas semanas a cuatro miembros de la familia y del círculo próximo del presidente derrocado, entre ellos el propio Bachar al Asad y su hermano Maher, juzgados en ausencia, y sus primos Atef Najib y Wassim al Asad.

El juez Fakhr al Din al Uryan condenó a muerte a esas cuatro personas por crímenes de lesa humanidad vinculados a la represión de las protestas ciudadanas de 2011, así como por delitos como asesinato premeditado y tortura.

Y esta semana, el mismo tribunal condenó a cadena perpetua al ex gran muftí Ahmed Hasun, la máxima autoridad religiosa de Siria bajo Al Asad, culpable de incitar a la guerra civil y de complicidad en asesinato intencional, al dar cobertura religiosa a operaciones de represión del régimen.

En total, ya van diez figuras políticas y militares de la era Asad sentenciadas, y solo Hasun ha evitado la pena de muerte.

Las sentencias se han dictado al amparo del Código Penal sirio de 1949, pese a que el nuevo presidente sirio, Ahmed al Sharaa, creó en mayo de 2025 la Comisión Nacional de Justicia Transicional y pese a los pedidos de las organizaciones de derechos humanos para establecer una legislación que definiera los delitos, las responsabilidades y las garantías de los procesos.

Como reclama el Centro de Justicia y Rendición de Cuentas de Siria, la ley transicional debería incorporar los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la responsabilidad de mando, además de excluir la pena de muerte y garantizar juicios justos.

Human Rights Watch (HRW) critica que la legislación actual siria no tipifica adecuadamente los crímenes de guerra ni los crímenes de lesa humanidad, no contempla la responsabilidad de mando y mantiene la pena capital.

La abogada penalista Fawzieh Hazimieh declaró a EFE que la pena de muerte responde a las expectativas de las víctimas y los familiares de quienes sufrieron las masacres y violaciones de sus derechos, además de poder ser percibida como una forma de disuasión.