Ciudad Gobierno en Costa Rica permitiría ahorrar $26 millones anuales en alquileres y reuniría a 35 instituciones públicas en San José

El proyecto de Ciudad Gobierno , una de las iniciativas destinadas a transformar la infraestructura del sector público costarricense, volvió al centro del debate legislativo tras la comparecencia de la ministra de Planificación, Karla Morales, ante la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

Durante la audiencia, la jerarca defendió la propuesta que busca concentrar inicialmente a 35 instituciones públicas en un complejo ubicado en el centro de San José , con el propósito de disminuir la dependencia de edificios privados y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.

Según las estimaciones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) , la iniciativa permitiría generar un ahorro de aproximadamente 26 millones de dólares anuales en alquileres , uno de los principales argumentos utilizados para justificar su desarrollo.

El proyecto contempla una infraestructura de 153,000 metros cuadrados, con capacidad para albergar a unos 10,700 funcionarios públicos, quienes actualmente laboran en distintas instalaciones.

Sin embargo, el mecanismo de financiamiento provocó cuestionamientos entre los legisladores, especialmente por las obligaciones económicas que asumiría el Estado durante las próximas décadas.

La propuesta establece que el complejo se desarrollaría mediante un contrato de arrendamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un plazo inicial de hasta 30 años.

Durante la discusión, uno de los diputados cuestionó si los ahorros proyectados ya contemplaban los pagos que el Gobierno tendría que realizar al organismo financiero o si esas obligaciones deberían descontarse de los beneficios anunciados.

Ante las consultas, Morales reconoció que las proyecciones financieras todavía requieren ajustes y que será necesario avanzar en otras etapas para determinar con mayor precisión los costos y beneficios económicos.

“Esa es una estimación que se tiene que afinar, porque precisamente para eso necesitamos este proceso, para poder avanzar a las etapas subsiguientes” , explicó la ministra.

La funcionaria señaló que durante una primera etapa las instituciones deberán continuar realizando desembolsos equivalentes a los alquileres actuales, aunque posteriormente estos pagos estarían vinculados con la operación del nuevo complejo.

Además, distinguió entre una fase inicial de inversión y otra relacionada con el mantenimiento de los edificios a largo plazo.

Cuestionamientos por millonarios alquileres del Estado Otro de los temas abordados durante la audiencia fue el elevado gasto histórico del Estado costarricense en el arrendamiento de inmuebles privados.