Salvavidas para la industria: el plan del Gobierno para las empresas que quieran subirse al RIGI
En medio de semanas en las que el oficialismo envía señales para dar un impulso a la actividad interna, la Unión Industrial Argentina (UIA) retomó su agenda de reuniones con el Gobierno nacional.
Las rondas comerciales para unir a las grandes inversiones con la producción local, en la mira.
Por la mañana del martes, los dirigentes industriales mantuvieron un encuentro con el secretario coordinador de Producción, Pablo Lavigne, y la subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento, Daniela Ramos.
En el encuentro, se discutió sobre los principales reclamos del sector.
Los participantes destacaron la “receptividad” del funcionario a la agenda industrial.
Por parte de la entidad sectorial participaron el presidente de la UIA, Martín Rappallini , el vicepresidente de Desarrollo Industrial, David Uriburu; el vicepresidente sectorial, Rodrigo Pérez Graziano; el secretario, Eduardo Nougués, y la directora ejecutiva, María Laura Bermúdez.
La industria mantiene una serie de reclamos consistentes con la necesidad de mejorar la competitividad, sobre todo ante la competencia de productos importados, la presión tributaria, competencia desleal con dumping y contrabando, el escaso financiamiento, la falta de infraestructura, entre otros.
Sin embargo, un nuevo tema se sumó el reclamo de que se revierta la decisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que limitó las operatorias con e-cheq para las ALYC, algo que permitía a muchas Pymes operar con cheques sin pagar el impuesto a los débitos y créditos.
En un contexto de aumento de la morosidad empresaria y de reclamo por alivio tributario, la medida fue ampliamente rechazada por el sector.
Otro de los temas que estaba en la mira del sector es la suspensión de los embargos , en particular por parte de ARCA.
El reclamo se centraba en que, ante situaciones de atrasos, el ente recaudador activa rápidamente los embargos sobre las cuentas de las empresas, que quedan prácticamente inhabilitadas para operar.
Con esto, también pedían el diferimiento de vencimientos de IVA de 180 días para actividades estacionales, la anualización de cargas sociales, entre otros.
El tercer eje que estaba en la agenda industrial era el de impulsar un esquema de pagos de tarifas que permita a las compañías concretar los pagos de sus boletas en cuotas, similar a lo impulsado por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
El aumento de los costos de las tarifas, en particular del gas durante el invierno y la escasez de la oferta por la mayor demanda doméstica hizo que muchos deban volcarse a conseguirlo por su cuenta y pagar precios muy superiores a los del mercado local.
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