Prospectos digitales de medicamentos: modernización tecnológica y derecho a la información
La decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de permitir que los laboratorios reemplacen los prospectos impresos por códigos QR abrió un debate sobre el derecho de los pacientes a recibir información sanitaria.
Pero hay una cuestión menos conocida y especialmente relevante: cómo se tomó esa decisión, quiénes la impulsaron y qué intereses fueron considerados.
Las respuestas aparecieron cuando, mediante solicitudes de acceso a la información pública, obtuvimos el expediente administrativo que dio origen a la Disposición 3294/2025.
La documentación reveló que la consulta pública convocada por ANMAT tenía inicialmente por objeto incorporar códigos QR a los envases de medicamentos , para facilitar el acceso a información actualizada.
Sin embargo, durante ese procedimiento, representantes de la industria farmacéutica solicitaron que la entrega del prospecto impreso dejara de ser obligatoria.
Entre ellos, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) propuso eliminar esa obligación , argumentando que la digitalización permitiría optimizar procesos y reducir costos.
La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) también propuso que el soporte impreso fuera opcional.
Lo particularmente revelador es que el expediente registra la respuesta de ANMAT a la propuesta de CILFA: “Incluida.
Se elimina la obligatoriedad”.
En cambio, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) había advertido que ambas versiones debían coexistir obligatoriamente para garantizar el acceso de pacientes sin herramientas tecnológicas.
La respuesta del organismo fue categórica: “No incluida.
El formato impreso es opcional”.
La apertura del expediente permitió conocer también otra deficiencia: ANMAT no realizó un estudio sobre las consecuencias negativas que la eliminación del papel podría producir sobre los grupos afectados por la brecha digital.
El documento denominado “Análisis del Impacto Regulatorio” se limitó a señalar que la medida tendría efectos positivos al facilitar el acceso al prospecto actualizado.
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