El estatuto antiterrorista del Gobierno De la Espriella tendría un “mico”, según profesor de la Universidad de los Andes: “No tiene que ver nada con terrorismo”

El profesor estadounidense Michael Lee Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, cuestionó varios apartados del proyecto de estatuto antiterrorista que prepara el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

En una publicación en X, el académico alertó que la iniciativa incluiría un aumento de penas para delitos relacionados con drogas que, a su juicio, no exige probar nexos con organizaciones terroristas.

Weintraub señaló que el proyecto contiene medidas que considera útiles, como instrumentos para mejorar la trazabilidad de minerales y disposiciones sobre el uso de drones .

A la vez, planteó reparos sobre la redacción de algunas definiciones, los efectos de un registro público y el tratamiento que recibirían habitantes de zonas bajo dominio de grupos armados.

El estatuto hace parte de un paquete de seguridad que el Ejecutivo prevé llevar al Congreso junto con una ley de sometimiento.

Esta última fue radicada el 13 de octubre y contempla rebajas de pena para integrantes de estructuras ilegales que entreguen armas, bienes e información, además de aportes a la verdad, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento de economías ilícitas.

El aumento de penas por delitos de drogas es el principal reparo del docente El investigador afirmó que el proyecto incorpora un parágrafo al artículo 376 del Código Penal, que regula el tráfico, la fabricación o el porte de estupefacientes.

Según explicó en el hilo que compartió en su perfil, la sanción aumentaría entre una tercera parte y la mitad cuando la conducta beneficie a una organización incluida en los listados oficiales o cuando ponga en riesgo la vida, la salud o el ambiente.

Para Michael Weintraub, el uso de la conjunción “o” permite que la agravación opere sin demostrar una relación con una estructura terrorista.

“Casi cualquier conducta de tráfico o porte puede argumentarse como peligro para la salud” , sostuvo en su publicación.

El docente añadió que la protección de la salud pública ya constituye el bien jurídico tutelado por ese artículo.

Por eso, sostuvo que la fórmula podría extenderse incluso a conductas ligadas a cantidades menores de estupefacientes y tendría efectos sobre consumidores.

“Efectivamente criminaliza el consumo”, escribió.

El académico indicó que cláusulas similares aparecerían en tipos penales como secuestro simple, trata de personas y contrabando.