La Casación confirmó el cierre de la causa contra Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger por el crédito de US$57.100 millones del FMI

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el archivo de la causa contra el expresidente Mauricio Macri y los actuales ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger por el crédito de 57.100 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) que acordaron en 2018.

Con la firma de los jueces Javier Carbajo, Gustavo M.

Hornos y Mariano Hernán Borinsky , el tribunal también rechazó las recusaciones formuladas contra sus integrantes y los fiscales intervinientes, y dio intervención al Colegio Público de Abogados por el contenido de los escritos.

La decisión se tomó luego de que la semana pasada el fiscal ante la Casación Raúl Pleé desistió de la apelación que habían planteado sus colegas de las instancias inferiores contra el cierre del caso.

La investigación, iniciada a partir de distintas denuncias, tuvo entre sus principales involucrados al expresidente Macri; los extitulares del Banco Central Sturzenegger, Caputo y Guido Sandleris; el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne; y otros funcionarios.

Se buscaba determinar si el endeudamiento contraído con el FMI y el posterior destino de los fondos habían permitido financiar un proceso de fuga de capitales en perjuicio del Estado nacional, mediante conductas que podían configurar los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos .

En febrero de 2026, el Juzgado Federal N° 5 dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito, decisión que fue confirmada en septiembre por la Sala I de la Cámara Federal porteña.

Frente a ello, el fiscal general José Luis Agüero Iturbe interpuso un recurso de casación que fue declarado inadmisible, por lo que acudió en queja ante la Cámara de Casación.

Sin embargo, al intervenir en esta última instancia, el fiscal general Pleé desistió del recurso.

En su dictamen señaló que, después de más de cinco años de investigación, los representantes del Ministerio Público Fiscal no habían identificado medidas de prueba concretas que permitieran modificar las conclusiones de las instancias anteriores.

También consideró que no se había logrado sostener una hipótesis delictiva suficientemente fundada y afirmó que “lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”.

En consecuencia, la Sala IV tuvo por desistida la queja fiscal, sin ingresar al examen del fondo de la cuestión.

El tribunal también debió resolver la presentación de Antonio Conrado De Martino , un particular que había intentado incorporarse al proceso como querellante invocando su condición de ciudadano y contribuyente, y que había adherido al recurso de casación del Ministerio Público Fiscal.