Tensa tregua: suspenden el desalojo de dos comunidades mapuches y surge la propuesta de una resolución alternativa

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– La Justicia de Neuquén dispuso la suspensión del desalojo de las comunidades mapuches Melo y Lof Kinxikew (Quintriqueo), tras considerar que el operativo policial no pudo completarse en los términos previstos por la ley.

La resolución, confirmada por el abogado de las comunidades, Luis Virgilio Sánchez, y refrendada por el juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, establece que el procedimiento quedó técnicamente frustrado .

De acuerdo con el magistrado, quien rechazó un recurso de aclaratoria presentado por la representación legal de la demandante María Cristina Broers, la Guía de Intervención en Desalojos de la provincia (aprobada por acuerdo 5846) estipula que si la medida de lanzamiento no se puede concretar en su totalidad ante la imposibilidad material de ejecutarla, se debe dar por frustrada la diligencia.

Como consecuencia directa de esta decisión, todos los actores involucrados en el operativo –lo que incluye a la familia Broers, sus representantes legales, la fuerza policial y otros operadores– están obligados a retirarse del territorio.

En caso de que la parte reclamante pretenda avanzar nuevamente con la expulsión de las familias, deberá reiniciar desde cero los mecanismos procesales y solicitar un nuevo mandamiento de desalojo .

El conflicto se había agudizado el miércoles pasado , cuando la Policía de Neuquén, junto a fuerzas especiales del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), la Gendarmería Nacional, bomberos y personal médico, ejecutó un operativo de desalojo que fue adelantado de manera imprevista .

Aunque lograron concretar un despojo parcial que afectó a tres viviendas de la comunidad Quintriqueo y recuperó una fracción de la costa del lago Nahuel Huapi, la situación fue completamente distinta en el sector ocupado por la Lof Melo en El Pedregoso.

Allí, la fuerte resistencia comunitaria, la concentración de allegados que se acercaron para brindar apoyo, la presencia de niños y la total ausencia de organismos estatales para la protección de menores obligaron a las fuerzas de seguridad del GEOP a retirarse del lugar, dejando la medida inconclusa.

La defensa legal de la comunidad mapuche argumentó que un desalojo de esta naturaleza no puede ejecutarse de manera parcial.

Más allá del freno técnico, el abogado Sánchez presentó un escrito planteando la nulidad absoluta de todo el procedimiento de desalojo y exigiendo la restitución de las viviendas y los bienes .

Según el letrado, el desalojo se realizó violando estándares internacionales de derechos humanos –como la consulta previa de la OIT y la prohibición de desalojos forzosos sin reubicación– y bajo una “negación de justicia”.