El Gobierno busca eliminar los aumentos automáticos de la AUH y asignaciones familiares

El Gobierno convirtió la recuperación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en una de las principales banderas sociales de su gestión.

En el mensaje que acompañó al proyecto de Presupuesto 2027 presentado al Congreso , destacó que la prestación subió casi 110% en términos reales desde diciembre de 2023 y que, junto con la Prestación Alimentar, cubre más del 95% de las necesidades básicas de alimentación medidas por el Indec.

Sin embargo, en el articulado de la iniciativa propuso eliminar la norma que obliga a actualizar automáticamente ese beneficio y el resto de las asignaciones familiares en base a la inflación de dos meses previos .

El cambio apareció en el artículo 17, uno de los más breves del proyecto enviado al Congreso.

Allí se dispuso la derogación de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, sancionada en 2015 para establecer la movilidad de las asignaciones familiares y universales.

En el proyecto de Presupuesto 2026 habían intentado avanzar con un cambio similar, que fue rechazado por los legisladores.

El artículo 1° es el corazón del régimen vigente: determina que las prestaciones contempladas en la Ley 24.714 —con excepción de la asignación por maternidad— son móviles.

También establece que el ajuste debe aplicarse tanto sobre los montos de los beneficios como sobre los límites y rangos de ingresos familiares utilizados para determinar quiénes pueden cobrarlos.

Ese esquema comprende no solo la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE) , sino también las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, entre otras prestaciones contributivas y no contributivas.

La Ley 27.160 vincula esos aumentos con la movilidad previsional.

A partir de la reforma dispuesta en 2024 por el Ejecutivo, los haberes jubilatorios y las asignaciones se actualizan mensualmente de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor que publica el Indec.

Los otros dos artículos que el proyecto propone derogar ponen el cálculo en manos de la Anses y establecieron la primera aplicación del régimen, que se produjo en marzo de 2016.

Aunque esa última disposición ya agotó sus efectos, su eliminación se suma a la derogación de la obligación legal de aplicar la movilidad.

El Presupuesto no incorpora una fórmula alternativa, una periodicidad mínima ni otro parámetro obligatorio para actualizar los beneficios .