Presidente de la Corte Suprema rechaza nuevamente reunión con Laura Fernández y advierte sobre independencia judicial

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez , comunicó a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado , que no participará en la reunión de los presidentes de los Supremos Poderes convocada para este viernes 21 de agosto , al cuestionar las condiciones bajo las cuales fue planteado el encuentro.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a Fernández, en respuesta al oficio PR-P-OF-093-2026, del 14 de agosto , en el que la mandataria informó sobre los temas propuestos para la sesión y abrió la posibilidad de incorporar asuntos adicionales.

Aguirre recordó que el Poder Judicial había recibido favorablemente el anuncio de reactivar este tipo de reuniones, pero aseguró que desde el inicio había establecido una serie de condiciones que, a su criterio, debían garantizarse para que el diálogo entre los poderes de la República pudiera desarrollarse adecuadamente.

Entre ellas mencionó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el financiamiento de la justicia, la buena fe, el respeto, la disposición a escuchar, reglas claras y el reconocimiento de las competencias constitucionales de cada Poder .

Tras analizar la propuesta del Ejecutivo, el jerarca judicial informó que no acudirá a la cita.

“Examinados los términos planteados para la sesión del 21 de agosto, debo comunicarle que, en las condiciones actualmente definidas, esta Presidencia no concurrirá a ella” , señaló Aguirre en la comunicación enviada a Casa Presidencial.

Corte cuestiona mecanismo de seguimiento El presidente de la Corte afirmó que los espacios de coordinación entre los Supremos Poderes pueden servir para identificar problemas comunes, intercambiar información y coordinar determinadas acciones.

Sin embargo, cuestionó la posibilidad de que una instancia de carácter político pueda establecer metas, plazos o mecanismos de evaluación sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

“Un espacio de naturaleza política no debe convertirse en la instancia desde la cual se definan metas y plazos para el Poder Judicial mediante acuerdos entre jerarcas ni en un mecanismo de evaluación periódica de su cumplimiento” , indicó.

Según Aguirre, cualquier acuerdo debe respetar los procedimientos y competencias que establece la Constitución Política para cada uno de los poderes del Estado.

En el caso de la administración judicial, recordó que el gobierno interno corresponde a Corte Plena , órgano encargado legalmente de definir las políticas generales de la institución.

“No es la coordinación lo que resulta inconveniente, sino el mecanismo propuesto y sus implicaciones para el ejercicio independiente de las funciones del Poder Judicial” , sostuvo.