Cámaras, drones y perros robot: las claves del centro de vigilancia de China en Nicaragua
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo inaugurará este sábado en Managua el centro Momotombo , una infraestructura de vigilancia y monitoreo financiada por China por más de USD 42 millones , en un país donde el control social y la persecución de voces críticas ya forman parte del ejercicio del poder.
Hasta 2025, Nicaragua había anunciado 11 préstamos con China por unos USD 1,500 millones , aunque los desembolsos efectivos eran muy inferiores, según publica Centroamérica 360 .
Ese marco vuelve central el nuevo centro por su costo y por la opacidad que rodea los acuerdos entre Managua y Pekín.
El nuevo centro será administrado por un régimen sin fiscalización independiente y con antecedentes de vigilancia política sobre periodistas, opositores , organizaciones civiles y ciudadanos que expresan posiciones críticas.
El régimen presentó el centro de vigilancia como una plataforma para la prevención de desastres e incorporará cámaras de vigilancia, drones, perros robot, estaciones sísmicas y volcánicas, y sistemas de alerta para emergencias.
La infraestructura podrá recopilar y transmitir información en tiempo real.
De acuerdo con la información oficial citada por Centroamérica 360 , el centro contará con 97 equipos de medición sísmica , 25 estaciones para vigilar volcanes, 20 puntos de monitoreo de ríos y 172 sistemas inteligentes de altavoces .
También sumará tecnología aérea y robótica.
El régimen sostiene que la plataforma servirá para anticipar terremotos, erupciones, huracanes, inundaciones y otras emergencias.
La duda central, según la publicación, no se limita a la tecnología disponible, sino a quién la administra y bajo qué controles opera.
La expansión tecnológica coincide con más control sobre barrios y comunicaciones En Nicaragua no existen instituciones independientes capaces de supervisar al régimen.
En 2025, Daniel Ortega llamó a reforzar la “ vigilancia revolucionaria ” en los barrios para perseguir a quienes el régimen considera opositores.
Esa orientación política se combinó en 2024 con una nueva legislación de telecomunicaciones que amplió las facultades estatales para controlar contenidos y comunicaciones digitales.
En ese contexto, la incorporación de tecnología capaz de observar, registrar y transmitir datos en tiempo real adquiere una dimensión que excede la gestión de emergencias.
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