Un exintendente kirchnerista santafesino fue condenado por fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales

SANTA FE.- Un exintendente kirchnerista del interior de esta provincia, Camilo Busquet (69 años), que gobernó la ciudad de Ceres, de 20 mil habitantes, entre 2003 y 2017, fue condenado por delitos de fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales contra la administración pública.

La condena fue de dos años y diez meses de prisión en suspenso, pero con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En la misma causa, el exsecretario de Hacienda de ese municipio, durante la gestión Busquet, Lucas Sebastián Cañete , también fue condenado.

En este caso, fue a dos años y tres meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La sentencia fue dispuesta por los jueces Cecilia Álamo (presidenta), Javier Bottero y Nicolás Stegmayer , en el marco de un juicio oral y público que se desarrolló la última semana en los tribunales de San Cristóbal.

Como parte de ese juicio se escucharon los testimonios de 22 testigos, entre ellos, la actual intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy , quien impulsó la denuncia contra su antecesor.

En el debate, Guillermo Loyola , de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5, que representó al Ministerio Público de la Acusación, sostuvo: “Si bien esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para analizar los pasos a seguir, valoramos la decisión de condenar a los dos exfuncionarios a los que investigamos”.

“Durante el debate logramos demostrar que mientras Busquets ejerció la intendencia de Ceres en sucesivos períodos en los que fue electo, cometió diferentes delitos en perjuicio de la administración pública”, indicó el fiscal.

Sobre Cañete, responsable de la secretaría de Hacienda de aquel municipio, se añadió que “intervino activamente para que algunos de esos ilícitos pudieran concretarse”.

Loyola sostuvo que “entre los hechos por los que se impusieron las condenas está el desvío de los fondos recibidos en concepto de Financiamiento Educativo en 2017”, y aseguró que “quedó probado que ese dinero tuvo un destino distinto al que correspondía”.

Asimismo, el fiscal afirmó que “con abuso de la confianza conferida para el manejo de fondos públicos, se disponían llamados a concursos privados de precios para realizar obras públicas que por el elevado monto debían realizarse a través de licitaciones públicas”.

Al respecto, expuso que “esas maniobras representaban un perjuicio patrimonial ya que las obras eran abonadas en su totalidad cuando aún no habían sido concluidas o se adjudicaban concursos sin respetar los procedimientos de compra previstos por la ordenanza municipal”.

Finalmente, Loyola aseguró que, “de forma reiterada, los funcionarios condenados incumplieron con los deberes que conllevan los cargos públicos que ostentaban”.