Polémica en España: la Justicia confirma que más de 160.000 ciudadanos nacionalizados por la “ley de nietos” no podrán votar
MADRID.– El Tribunal Supremo de España decidió mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española a través de la llamada “ley de nietos” , por lo que no podrán participar en las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre.
La resolución afecta a 163.020 personas , según los últimos datos aportados por el gobierno español al tribunal, y se tomó pese a los pedidos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para levantar la medida.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó los recursos presentados por los servicios jurídicos del Ejecutivo , que habían advertido sobre la imposibilidad material de revisar los expedientes afectados antes de los comicios.
La decisión mantiene una medida cautelar adoptada a principios de septiembre a partir de recursos presentados por el partido de derecha Iustitia Europa y Vox, la formación de ultraderecha liderada por Santiago Abascal.
El tribunal argumentó que el derecho al sufragio “no es un derecho de carácter absoluto” , sino que está supeditado a intereses generales , entre ellos, preservar la veracidad del censo electoral y evitar posibles irregularidades.
Según los magistrados, ese objetivo debe prevalecer sobre el interés particular de los ciudadanos en ejercer su derecho al voto.
La resolución fue adoptada por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y contó con el voto discrepante de la magistrada Alicia Millán, una de los seis integrantes del tribunal.
Los jueces también ordenaron publicar la decisión con urgencia en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el tablón judicial oficial, para que los afectados puedan presentarse en el procedimiento y formular alegaciones en un plazo de cinco días.
La controversia se intensificó después de que el presidente español, Pedro Sánchez, convocara elecciones anticipadas para el 29 de noviembre .
Cuando el Supremo dispuso la suspensión, todavía no había una fecha confirmada para los comicios generales.
El adelanto electoral redujo los plazos disponibles para revisar las inscripciones y obligó a la Justicia a reconsiderar los efectos de su decisión sobre el proceso electoral .
Según la legislación electoral española, el censo que se utilizará en los comicios debe quedar disponible desde este lunes para su consulta en ayuntamientos y consulados durante ocho días .
Los ciudadanos podrán presentar reclamos hasta el cierre del período de revisión y la lista definitiva está prevista para el 23 de octubre, fecha a partir de la cual el registro ya no podrá modificarse para esa elección.
Derecho al sufragio La Abogacía del Estado había sostenido que mantener la suspensión supondría, en la práctica, privar de manera irreversible del derecho al sufragio a miles de ciudadanos .
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