El Gobierno catalán contrata a una empresa de “coaching empresarial” para que pueda dar atención psicólogica a las personas que denuncien corrupción: 70 euros por sesión

El Gobierno catalán quiere cuidar a las personas que se atrevan a denunciar casos de corrupción, los conocidos como “alertadores”.

Para ello, la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), un organismo dependiente del Ejecutivo presidido por Salvador Illa , acaba de adjudicar un servicio especializado de asistencia e intervención psicológica destinado a proteger a denunciantes de corrupción en las instituciones autonómicas.

La empresa que llevará a cabo este servicio es Emocional Technologies 22 SL , una firma creada en abril de 2021 en Girona como entidad tecnológica dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas y que se ha especializado en el ‘coaching empresarial’.

Cataluña recalca que pone en marcha esta medida porque el Parlamento europeo ya aprobó una directiva en 2019 para proteger a las personas que denuncien casos de corrupción, que incluye medidas de asistencia financiera y apoyo psicológico.

España traspuso esa directiva en febrero de 2023 .

La memoria justificativa de este contrato señala que la experiencia acumulada por la Unidad de Protección de esta agencia catalana “ha puesto de manifiesto que la mayoría de las personas que solicitan protección lo hacen en un estado de gran angustia psicológica, ya que dan este paso en un contexto en el que han sufrido, o temen sufrir, represalias contra su persona”.

Y es que denunciar casos de corrupción no es fácil, porque muchas veces se denuncia a superiores.

“Las situaciones que, según informan algunos denunciantes, han sufrido como consecuencia de la denuncia son muy variadas, e incluyen el acoso laboral, el aislamiento, la apertura de procedimientos disciplinarios , el descrédito profesional, la presión, la coacción o incluso el despido, entre otras.

Asimismo, en ocasiones, también han mencionado el impacto que la situación tiene en su ámbito personal más allá del lugar de trabajo, en amigos y familia”, explican desde la Oficina.

“Medida fundamental” Además, se ha observado que, en diversos casos, los denunciantes protegidos han tenido que recurrir a tratamiento psicológico privado como consecuencia de las situaciones difíciles que han vivido tras la denuncia.

Esta ayuda supone un coste económico que muchas veces dificulta recibir un seguimiento adecuado.

“Por otra parte, cabe señalar que el propio sistema sanitario público no permite un enfoque inmediato y urgente”, señalan desde la Oficina.

La puesta en marcha de un servicio de apoyo psicológico destinado a ayudar a las personas que soliciten la condición de denunciante protegido “ es una medida fundamental para garantizar su bienestar, prevenir posibles daños futuros y reforzar una cultura que fomente la denuncia de irregularidades y la ética dentro de las organizaciones”, justifican desde la Oficina.