Ceuta se convierte en un polvorín y complica a Sánchez cuando España ya empieza a mirar las elecciones

BARCELONA.– Aunque el pasado martes el Congreso de los Diputados reabrió sus puertas después del receso estival, la sensación en España es que este año no hubo vacaciones de la actualidad política a causa de la crisis de Ceuta.

La entrada irregular de más de 80.000 personas en la ciudad española del Norte de África el pasado 30 de julio y sus múltiples derivados se han convertido en un auténtico dolor de cabeza para el gobierno de Pedro Sánchez, que afronta un convulso inicio de un curso político decisivo, pues durante los próximos meses se celebrarán unas elecciones generales para las que todavía no existe fecha concreta.

La gestión de la crisis por parte del Ejecutivo, que esperó casi un mes para reunir el Consejo de Seguridad Nacional y crear un mando único, ha abierto múltiples avenidas para las aceradas críticas de la oposición de derecha.

Pero la principal y más urgente preocupación de Sánchez es el creciente clima de tensión en Ceuta entre una parte de la población local y los migrantes.

Algunos testimonios han definido la ciudad, de 80.000 habitantes y apenas 20 kilómetros cuadrados de superficie, como “un polvorín” a punto de estallar.

Según las cifras oficiales, hay unos 2900 menores, la mayoría alojados en centros de acogida improvisados, a los que hay que añadir otras 6000 personas aproximadamente que duermen en playas y espacios al aire libre y reciben una asistencia limitada de la Cruz Roja y otras entidades humanitarias.

En los últimos días se han organizado manifestaciones exigiendo la expulsión de los migrantes, y el jueves un grupo de ceutíes incluso asaltó un campamento y quemó varias de las tiendas.

El menú de opciones sobre la mesa de Sánchez es bien amargo.

Por un lado, la ley impide una expulsión de todas las personas migrantes antes de resolver sus peticiones de asilo, y obliga a acoger a los menores no acompañados hasta su mayoría de edad.

Además, su número es tan elevado y su voluntad de quedarse tan firme, que difícilmente se podrán expulsar de inmediato sin un uso contundente de la violencia.

Esta es la salida que sugieren el PP y sobre todo VOX.

De hecho, varias comunidades gobernadas por estos partidos han declarado que se negarán a recibir incluso a los menores, una posición que choca con la del presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, que ha exigido solidaridad en el reparto de los niños migrantes.

La opción de permitir su entrada en la Península, y por lo tanto, en el espacio de libre movilidad europeo de Schengen, suscitaría un rechazo unánime en la mayoría de capitales europeas, que incluso podrían adoptar medidas contra España, como ya hizo Italia los días posteriores al inicio de la crisis.