Centro de Investigaciones lanza una alerta respecto a que el proyecto de presupuesto de Guatemala elevaría la deuda pública al 29.4% del PIB en 2027
El Proyecto de Presupuesto de Guatemala para 2027 elevaría la deuda pública al 29.4% del producto interno bruto, por encima de la meta de 26.8% fijada por el Movimiento Semilla para el final de su gestión.
La iniciativa, remitida al Congreso de la República el 2 de septiembre, plantea un déficit fiscal de 4.43% del PIB, el segundo más alto en dos décadas.
El monto previsto asciende a Q 192.045,1 millones (USD 25.137 millones), equivalentes al 17.6% del PIB y a un incremento real de 10.3% frente al presupuesto vigente.
El aumento supera el promedio histórico de 6.5% del período analizado, aunque queda por debajo de las subas registradas en cuatro ejercicios fiscales anteriores.
La propuesta también habilitaría al Organismo Ejecutivo a ampliar el techo presupuestario hasta Q 193.925,1 millones (USD 25.383 millones) , el 17,8% del PIB.
Esa facultad permitiría incorporar hasta Q 1.900 millones (USD 248,7 millones)sin atravesar el trámite legislativo ordinario.
Déficit de 4,43% y deuda por encima de la meta oficial El déficit proyectado solo quedaría por debajo del 4,91% registrado en 2020, durante la pandemia de covid-19.
El endeudamiento público neto solicitado alcanzaría 3,64% del PIB, también el segundo nivel más alto de las últimas dos décadas, después del 5,44% de aquel año.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) expuso estas proyecciones en su análisis técnico Alerta Presupuesto .
El saldo de la deuda pública había cerrado 2023 en 27,2% del PIB, tras una tendencia ascendente desde 2004, cuando representaba 20,9%.
La economista del CIEN, Lourdes Lavarreda , detalló durante la presentación que: “De los Q192.045,1 millones propuestos, el 41,1% (Q78.992,9 millones) son transferencias corrientes y transferencias de capital, y el 28,9% de este monto (Q22.799,7 millones) se financiaría con deuda pública”.
Las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, que comprenden traslados hacia otros niveles de gobierno y entidades descentralizadas, concentrarían junto con el servicio de la deuda el 51,4% del presupuesto.
La distribución responde a normas constitucionales y leyes específicas que asignan por adelantado una parte elevada de los recursos públicos.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda recibiría su menor participación dentro del presupuesto desde 2004.
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