Garífunas denuncian “horrible persecución” y desplazamiento de sus territorios ancestrales en Honduras

La denuncia fue realizada por Miriam Miranda , coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), quien cuestionó la respuesta del Gobierno que preside Nasry “Tito” Asfura frente a la crisis territorial que afecta a varias comunidades garífunas del país.

Miranda afirmó que, en lugar de establecer un proceso de diálogo con las comunidades, la respuesta estatal ha sido, según denunció, impulsar acciones que terminan desplazando a los habitantes de sus territorios ancestrales y aumentando la presión sobre los defensores de derechos territoriales.

“La única respuesta que ha habido de este Gobierno es llegar a desplazar a las comunidades, hacer una horrible persecución”, afirmó la dirigente en una entrevista con la agencia EFE.

La denuncia fue realizada desde un campamento instalado frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) , en Tegucigalpa, donde alrededor de 200 personas mantienen una protesta de carácter indefinido.

Los manifestantes reclaman al Estado hondureño el cumplimiento de cuatro sentencias de la CorteIDH relacionadas con los derechos territoriales de las comunidades garífunas, así como respuestas concretas ante los conflictos que persisten en sus territorios.

Miranda explicó que las comunidades esperan que el Gobierno abra un proceso de diálogo en el que participen directamente las organizaciones y poblaciones afectadas.

“Si quieren cumplir la sentencia y abrir el diálogo, tienen que llamar a las instancias y a las comunidades”, sostuvo.

De acuerdo con la dirigente, también habría desaparecido una comisión creada durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana.

Honduras acumula cuatro sentencias de la CorteIDH relacionadas con violaciones a los derechos de comunidades garífunas.

Los fallos corresponden a los casos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra , emitidos en 2015; San Juan , en 2023; y Cayos Cochinos , en 2026.

Las resoluciones internacionales contemplan medidas relacionadas con la restitución de tierras ancestrales, consulta previa y protección de los derechos comunitarios , entre otras obligaciones que debe cumplir el Estado hondureño.

Sin embargo, Miranda cuestionó que, pese a que el Gobierno ha expresado públicamente su disposición a dialogar, las comunidades todavía no han sido convocadas para establecer una ruta concreta que permita ejecutar las medidas ordenadas por el tribunal internacional.

“En el momento en el que hay una sentencia en cualquier país, lo que debe hacer el Estado es sentarse con las personas afectadas, iniciar el diálogo”, manifestó la coordinadora de Ofraneh.