Crece la presión política para devolver a los menores migrantes llegados a Ceuta, pero los expertos advierten: “El retorno debe decidirse caso por caso”
La situación de los menores extranjeros no acompañados en Ceuta sigue presentando un escenario complejo cuando se cumplen ya más de tres semanas desde la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.
La Comisión Europea sostiene que el derecho de la UE contempla la devolución al país africano de todos los migrantes en situación irregular que permanecen en la ciudad autónoma, incluyendo los menores que, según cifras del Gobierno central se sitúan en 2.168 , frente a los 4.000 que estiman las organizaciones humanitarias.
Sin embargo, además de que las leyes españolas impiden la deportación de los menores si no hay garantías para su seguridad y desarrollo en el país de origen, el marco legal comunitario también establece salvaguardas específicas para estos casos.
Bruselas defiende que la directiva de retorno vigente, así como el Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo , que fue aprobado el pasado mes de junio y endurece la política del bloque, contiene “disposiciones relativas a la repatriación de migrantes en situación irregular, incluidos los menores no acompañados”, obviando que el derecho comunitario les otorga una protección especial.
En el artículo 10 de esa directiva se establece que “antes de tomar cualquier decisión de retorno sobre un menor no acompañado, las autoridades deben garantizar que el niño reciba asistencia de organismos o entidades apropiadas (distintas de las encargadas de hacer cumplir la expulsión), para así asegurar la protección y el interés superior del menor”.
Además, añade, no se puede proceder a la expulsión hasta que las autoridades tengan la certeza de que el menor será retornado a un miembro de su familia, a un tutor designado , o en su defecto, a unas instalaciones de acogida adecuadas en el país de retorno.
El Partido Popular se ha pronunciado en la misma línea que la Comisión Europea y ha pedido que sean devueltos “todos los que han entrado ilegalmente”, tanto “mayores como menores” en el plazo máximo de un mes.
“No se puede utilizar una ocupación y una invasión de un país para pedir que los menores que han entrado se puedan quedar en nuestro país: ¿cuántos millones de menores se pueden quedar en España? ¿Todos los que entren? ¿De cualquier lugar del mundo?”, señaló el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la prensa el pasado miércoles.
“Debe primar el interés superior del menor” Ante las declaraciones defendidas por Bruselas y el PP, organizaciones como Save the Children recuerdan que “no puede afirmarse de manera general y anticipada” que todos los niños, niñas y adolescentes no acompañados serán retornados.
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